La Comisión investigadora Encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, S.A. de C.V., acordó citar a comparecer al director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), Víctor Manuel Borrás y al jefe de servicios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), José María Zubiría Maqueo, para el próximo martes 12 de julio.

Los diputados integrantes de la Comisión consideraron necesaria la presencia de los funcionarios para conocer el marco operativo de esas instancias y saber cómo se tomaron las decisiones para otorgar los contratos, a la citada empresa.

“El objetivo es que los funcionarios también lo acepten como un paso inicial que nos va a permitir tener el marco general de problemas de ambas dependencias y con ello empezar a definir la información que van a proporcionar”, indicó Eduardo Espinoza Pérez (PRD), secretario de la Comisión.

El legislador perredista comentó que el fin de éste órgano es integrar una investigación y presentársela al Presidente de la República “y que el señor Presidente tenga la información suficiente para que tenga que corregir o no tenga que corregir”.

Martha Lucía Micher Camarena (PRD), titular de la Comisión, notificó que el desarrollo de ésta se dará en tres etapas.

En la primera etapa, además de la comparecencia, se solicitará información a los diferentes organismos públicos entre los que se encuentran los 88 organismos descentralizados, las empresas estatales de participación mayoritaria, el Instituto Federal de Acceso a la Información, la Auditoria Superior de la Federación y la Secretaria de la Función Pública.
En una segunda etapa, se solicitará al Gobierno de Guanajuato información relacionada con la situación fiscal de la empresa Construcciones Prácticas y finalmente se recibirán y sistematizarán opiniones de personas en lo particular, referente al propósito de la Comisión.

En el supuesto de que se encontraran anomalías, la Comisión tendrá que colaborar con la Cámara de Diputados proponiendo las modificaciones a la Ley de Funcionarios Públicos para sancionar a los servidores que hayan incurrido en irregularidades.
La Comisión estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, y estará integrada por cuatro legisladores del PRI, tres del PAN, dos del PRD, uno del PT y uno del PVEM, además de su presidenta.
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