(Material embargado de domingo para lunes)

Las seis fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados coincidieron en que el caso del Fobaproa no está cerrado y la investigación debe continuar hasta que se transparente totalmente y se apliquen sanciones por posibles irregularidades en ese proceso.

En el debate del programa semanal de televisión “Frente a las Cámaras”, los representantes de los grupos parlamentarios se hicieron fuertes acusaciones mutuas sobre la responsabilidad en el proceso del Fobaproa y posterior traslado al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El diputado Federico Döring (PAN) dijo que el Fobaproa “es la más perversa de las herencias que el PRI le dejó a la administración del presidente Vicente Fox y al pueblo de México” y pidió a ese partido que asuma su responsabilidad.

El legislador José Luis Flores Hernández (PRI) reconoció que fue una herencia, pero dijo que a cinco años de que inició esta administración, el gobierno de Fox ya tiene una responsabilidad compartida “en un problema que no ha sabido resolver”.

Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado del PRD, coincidió en que fue una herencia del PRI, “pero –agregó- el problema es que los funcionarios de aquella época son los mismos funcionarios del gobierno del PAN” y dijo que sólo con el PRD en la Presidencia de la República se transparentará ese proceso.

Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) consideró que no fue una herencia del PRI al PAN, si no “de un grupo de ciudadanos que obraron muy mal a toda la sociedad mexicana” y dijo que en lugar de hacerse acusaciones mutuas, los legisladores deben definir que hacer para reducir esa carga.

Mario Di’ Constanzo, asesor de Convergencia, dijo que el PRI y el PAN son corresponsables en este caso, porque “uno lo gestó y el otro no lo ha querido investigar, ni aclarar”.

Alejandro Gómez Peraza, asesor del PT, señaló la necesidad de saber qué pasó, por qué pasó, quiénes se beneficiaron y, a partir de ese reconocimiento de hechos, que paguen los que tengan que pagar.

El mes pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló las órdenes que dictó en el 2003 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que el Ejecutivo Federal descontara los pagarés Fobaproa en poder de cuatro bancos: Banamex, BBVA Bancomer, Banorte y HSBC.

La SCJN resolvió que la ASF no puede dictar órdenes al Ejecutivo, pero no invalidó las investigaciones que realiza la ASF.

Unos días después, en una polémica reunión con diputados en el Palacio de San Lázaro, Mario Beauregard Álvarez, secretario ejecutivo del IPAB, dijo que en la revisión al rescate bancario se habían detectado irregularidades por mil 257 millones de pesos.

En el debate de “Frente a las Cámaras”, el priísta Flores Hernández consideró que este es el tema más complejo que tiene la agenda legislativa, por las partes técnicas y la cantidad impresionante de dinero que está involucrada.

Dijo que si hubiera existido una supervisión bancaria estricta, profesional y estructurada, esto no hubiera ocurrido y se pronunció por sancionar a los responsables. “Nadie los va a defender si encontramos que hubo dolo o simplemente ineficiencia”, indicó.

Federico Döring aseguró que el gobierno del presidente Vicente Fox ha tratado de bajar la deuda del Fobaproa y dijo que con el canje de los pagarés se hizo una reducción de 116 mil millones de pesos.

“Hay que darle mayor seguimiento a las cobranzas que trae el IPAB; gran parte de la reducción de la cartera fueron 63 mil millones de pesos de cobranzas en este gobierno, gracias al trabajo del IPAB y del PAN”, agregó.

También dijo que si existen operaciones y créditos reportados como irregulares hay que fincarles responsabilidades, administrativas y penales, a los funcionarios responsables.

El legislador perredista Ramírez Cuéllar rechazó que se haya registrado alguna disminución; dijo que esos 116 mil millones de pesos ya eran propiedad del gobierno y señaló que las últimas revisiones sólo arrojaron que la deuda bajó mil 257 millones de pesos frente a los pasivos de más de un billón 300 mil millones.

Indicó que el presidente Fox prometió en su campaña electoral que iba a transparentar todo, pero lo dejó prácticamente igual y hasta ahora no hay una sola persona sometida a proceso, ni enjuiciada.

Insistió en que solo con un nuevo gobierno, del PRD, se aclarará este proceso y castigará a los responsables, “porque no tenemos absolutamente ningún compromiso con nadie”.

Velasco Rodríguez señaló que ahora el Congreso debe legislar para establecer un marco jurídico que impida la repetición de esta situación, investigar las presuntas irregularidades para que se aplique la ley e insistir con el gobierno en turno que se alguna forma se disminuya el costo del rescate bancario.

El asesor petista Gómez Peraza consideró que el Congreso debe seguir investigando las auditorías que recién presentó el IPAB e insistir en la transparencia para conocer que pasó, quienes se beneficiaron y los que tengan alguna responsabilidad que paguen.

Mario Di’ Constanzo insistió en que este caso se tiene que cerrar con transparencia y dijo que eso implica poner a disposición de toda la gente la información del rescate bancario y aplicar la ley contra quienes participaron en las irregularidades.

JGM/JGM