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Los grupos parlamentarios del PRI, PRD, PVEM y Convergencia, en la Cámara de Diputados, urgieron al Gobierno Federal para que promulgue la nueva Ley de la Caña de Azúcar porque de lo contrario este sector entrará en un proceso de crisis de producción, mientras que el PAN la consideró insuficiente.

En el debate que se difunde en el programa semanal de televisión “Frente a las Cámaras”, las fracciones de oposición afirmaron que con esta Ley se establece un marco jurídico y se da certidumbre a toda la cadena productiva, además de diversificar la producción y constituirse en un motor de desarrollo regional.

También señalaron que con la nueva Ley se podrá hacer frente a las condiciones adversas que se presentan por los bajos precios internacionales del azúcar y los subsidios que mantienen los países desarrollados a sus productores del campo, así como a la creciente producción de fructosa.

El grupo parlamentario del PAN señaló que la nueva Ley no va a resolver la problemática del sector, los industriales no están convencidos de sus beneficios e impedirá que México sea competitivo porque el precio del azúcar en el país no estaría adecuado a las condiciones internacionales.

Los diputados aprobaron el pasado 21 de junio la nueva Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, con 312 votos a favor, 136 en contra (principalmente del PAN) y tres abstenciones, pero el Ejecutivo Federal rechazó publicarla en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor.

En miércoles pasado, cuando miles de productores se manifestaron en la Ciudad de México a favor de la Ley, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Javier Usabiaga, se comprometió con legisladores y líderes cañeros a entregar esta semana las observaciones del Ejecutivo Federal a ese documento.

Por su parte, legisladores y cañeros afirmaron que en las próximas semanas incrementarán sus acciones de protesta, de manera gradual, si no se logra un acuerdo con el Gobierno Federal.

Este sector participa con el 13.5 por ciento del valor de la producción agrícola nacional, genera 440 mil empleos de los que dependen 2.5 millones de personas en 227 municipios de 15 estados del país.

En cada ciclo se produce un promedio de 44 millones de toneladas de caña y cinco millones de toneladas de azúcar.

En el documento que aprobaron los diputados el mes pasado, se señala que se busca ordenar los procesos de siembra, cultivo, cosecha, industrialización y comercialización de los productos de la caña de azúcar y sus derivados, entre otros aspectos.

También se ordena la creación de un Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, que, entre otras funciones, propondrá cada año el precio de referencia de la caña de azúcar y se señala que la SAGARPA elaborará las políticas nacionales de productividad y competitividad.

En el debate televisivo, el diputado José María de la Vega Lárraga (PAN) consideró que la nueva Ley no va a resolver la problemática del sector “porque se van a venir en cadena una serie de leyes adicionales, como la Ley del Maíz, etcétera, que definitivamente van a colocar al gobierno en una situación difícil”.

Dijo que los industriales “no están perfectamente convencidos” con esta Ley porque mantiene un control muy rígido de lo que son las organizaciones, no va a permitir que la producción se diversifique y se va a estar sujeto a precios de la caña de azúcar que no se adecuan a las condiciones internacionales.

“Una Ley, o lo que tú quieras, no va a ser suficiente, se debe de hacer el planteamiento de cómo llegar verdaderamente a estar en una posición que internacionalmente podamos participar y poder hacer azúcar más económica”, agregó.

Rechazó que la fructosa incida de manera negativa en el sector y dijo que actualmente sólo representa el cuatro por ciento de toda la producción de azúcar que se consume en México.

El diputado Carlos Blackaller Ayala (PRI) señaló que la caña de azúcar no se debe observar como un sistema-producto, sino como un motor de desarrollo regional y rechazó la política de la SAGARPA, a la que calificó de reduccionista porque plantea un esquema de acotamiento de la producción.

Dijo que el trabajo de producción y eficiencia que se ha logrado en el sector agroindustrial mexicano de la caña de azúcar ha permitido que desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el 1 de enero de 1994, el país pasó de ser importador neto a productor de excedentes.

Adela San Vicente, asesora del PRD, aseguró que la nueva Ley establece el marco jurídico que a lo largo del siglo pasado habían logrado los productores de caña a través de decretos del Ejecutivo Federal y que el presidente Vicente Fox abrogó completamente en enero de este año.

“Entonces, las iniciativas que venían desde la LVIII Legislatura se volvieron a retomar para restablecer este importante marco jurídico que le da certidumbre a los productores, a los cortadores de caña y a sus familias”, agregó.

Dijo que al PRD le parece fundamental que esta Ley se apruebe, junto con otras que componen un marco jurídico que requiere al campo mexicano, como la Ley de Cafeticultura y la de Semillas, entre otras.

Indicó que el titular de la SAGARPA ha declarado que la única Ley que rige en el campo es la del libre mercado y consideró “poco ridículo” pensar que algunos industriales, como las empresas refresqueras, se pongan de acuerdo libremente con los productores cañeros.

Sin embargo, preciso que su partido no está en contra de los industriales y puso de ejemplo el caso de la cooperativa de refrescos Pascual, que está comprando directamente a un ingenio en Michoacán el azúcar que requiere.

El legislador Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) destacó que la nueva Ley contempla la diversificación del producto con la utilización del bagazo de caña para la cogeneración de la energía eléctrica y la fabricación de etanol, que es un biocombustible más limpio que los que actualmente se utilizan.

Dijo que los subsidios al campo que mantienen los países desarrollados, como Estados Unidos y las naciones europeas, inciden en el bajo precio internacional de los productos y señaló que el libre mercado sólo funciona cuando hay una competitividad libre y equilibrada entre todos los actores.

También mencionó que la elaboración de fructosa con maíz importando de Estados Unidos, subsidiado, incidió en los altos excedentes de azúcar.

Alfonso Rojas Morales, asesor de Convergencia, indicó que la nueva Ley da certeza jurídica y seguridad a productores e industriales, además de que se establece la libre asociación de los productores.

Recordó que en el TLCAN se firmaron acuerdos que obligaban a México a eliminar los aranceles para la importación de adulcorantes y comprometía a Estados Unidos a adquirir los excedentes de producción de azúcar de México, pero México cumplió su parte y Estados Unidos no.

Consideró que si no se aprueba esta Ley el sector va a entrar en un proceso de crisis de producción y dijo que pareciera que el Gobierno Federal quiere favorecer a los grandes industriales de las refresqueras, al aplicar “una política reduccionista y proteccionista”.

JGM/JGM