Resarcir económicamente a los deudos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua, y olvidarse del tema, perece ser la estrategia del Gobierno Federal, advirtió la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD), secretaria de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Femicidios en la República Mexicana, y a la Procuración de Justicia Vinculada.
La legisladora perredista consideró que el gobierno federal podría “dar carpetazo” al tema Juárez con la creación del consejo de asesores que administrará un fondo económico de ayuda a familiares de las víctimas.
Explicó que el pasado 29 de junio la Procuraduría General de la República creó el Consejo Asesor de Aplicación del Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Víctimas de Homicidio de Mujeres en el Municipio de Juárez, que administrará 30 millones de pesos.
No obstante, abundó la diputada Mojica Morga, no se especifica cómo y cuándo se entregará el fondo de auxilio, además de que no se incluyó una representación del Congreso de la Unión, ni de asociaciones o familiares de las víctimas.
“Dejar fuera a la Cámara de Diputados, cuando es una de los principales instancias que ha promovido ante las autoridades la solución del problema y ha informado de los magros resultados de las autoridades es muy mala espina, porque pareciera que, como en el tema del Halconazo, ya hay una resolución no muy clara”, abundó la legisladora.
Informó que el Consejo está presidido por Mario Álvarez Ledesma, subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la PGR, así como Gilberto Higuera Bernal, José Luis Santiago Vasconcelos, Ángel Buendía Buendía, Cecilia Barra y Gómez Ortigoza, todos funcionarios de la misma instancia.
También está integrado por Mireille Roccatti Velásquez, fiscal Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez; Héctor García Rodríguez, delegado de la PGR en Chihuahua y Germán Castillo Banuet, director de Asuntos Jurídicos.
Consideró que es preocupante el saber con qué criterios se otorgará esta especie de compensación a las víctimas, además de que esa estrategia poco tiene que ver con la procuración real de justicia y de acciones de políticas públicas que incidieran verdaderamente en la resolución del problema.
La legisladora del PRD hizo hincapié en que dejar al gobierno federal y local administrar y distribuir la ayuda económica sin la vigilancia de otra instancia, como el Congreso de la Unión, sería como poner punto final al tema, situación que nada resolvería los agravios a las mujeres, en ciudad Juárez y en todo el país.
AZ