La fiscalización de los recursos públicos “es piedra de toque” en la división de Poderes establecida en la Constitución de 1917, pero sobre todo ahora que México vive un periodo de mayor maduración democrática y republicana, afirmó Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

La transparencia y rendición de cuentas son de las más altas prioridades y desafíos de nuestro proceso democrático, indicó el legislador priista durante la toma de protesta del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Contralores del Poder Legislativo, A.C.

Esta asociación, creada el mes pasado, la integran las contralorías internas de las Cámaras de Diputados y Senadores, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de los Congresos de los estados, con el propósito de unificar criterios en las tareas de control para fortalecer la cultura de transparencia y rendición de cuentas.

En el evento, Manlio Fabio Beltrones dijo que más allá de la polémica pública “estamos ante un escenario propicio para consolidar un nuevo equilibrio de poderes” que se acerque cada vez más a la letra y espíritu de la Constitución.

Dijo que en los últimos años se han registrado dos fenómenos decisivos, la alternancia en la Presidencia de la República, que modificó una forma de gobernabilidad, y la maduración de un régimen de representación que personifica el Poder Legislativo.

Estos hechos incrementan la responsabilidad política del Legislativo, pero también multiplica la exigencia social sobre su desempeño, agregó.

En este contexto, destacó la importancia del compromiso de esa Asociación Nacional, de generar hacia dentro del Poder Legislativo un proceso equivalente al que se realiza hacia fuera, respecto a la fiscalización del Poder Ejecutivo.

“Coincidimos en que debe allanarse el camino hacia una democracia política mas eficaz, una democracia en la que todos los Poderes públicos y todos los niveles de gobierno, estén sujetos a la necesaria e inevitable rendición de cuentas”, agregó.

Se pronunció porque la rendición de cuentas vaya más allá del aspecto financiero, “que es fundamental si se pretende erradicar la corrupción y limitar un gobierno patrimonialista”, para que también se consideren las responsabilidades políticas y jurídicas.

“Se trata de contribuir a que el ejercicio del Poder, además de ajustarse escrupulosamente al Estado de Derecho, arroje resultados tangibles a la sociedad”.

Indicó que la desviación de recursos públicos, las decisiones discrecionales en el uso y destino del patrimonio nacional y la impunidad en el ejercicio del Poder, tienen que ser impedidos radicalmente.

“Tenemos que pensar en una democracia en la que los mecanismos institucionales que permiten la rendición de cuentas faciliten también la sanción a un gobernante, a un servidos publico, por su ineficacia, por sus decisiones equivocadas, que siempre terminan siendo costos para la sociedad”, agregó.

Dijo que las resistencias y desafíos de adaptación que se viven en México, y que se reflejan en tensiones y disensos, “no pueden ni deben confundirnos”.

“No estamos en un escenario de pugna o ruptura entre Poderes, ni entre partidos, sino en una etapa de ajuste, de transición, que debe conducirse institucionalmente, mediante un ejercicio político plural, apegado a derecho”, enfatizó,

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