Legisladores, periodistas y académicos, coincidieron en la necesidad urgente de regular la publicidad que otorga el Gobierno Federal a los medios de comunicación, al participar en el foro “Desafíos de la Libertad de Expresión en el Marco de la Transición Democrática”.
También se pronunciaron por determinar los criterios del Gobierno Federal para las concesiones de radio y televisión, así como por legislar respecto al secreto profesional del periodista y profundizar sobre aspectos inherentes a la libertad de expresión, como la vida privada, el daño moral, la difamación y el derecho de réplica.
En el evento, organizado por el Comité de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, Ernesto Villanueva, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el otorgamiento de publicidad del Gobierno a los medios de comunicación debe tener un principio de independencia entre ambos.
Indicó que en el país se ha desvirtuado esta relación por el hecho de que no existen normas jurídicas que regulen el otorgamiento de la publicidad oficial y sí, en cambio, un criterio de ventaja política y de uso patrimonial del poder.
La regulación de los recursos para la publicidad del Gobierno reduciría los márgenes de discrecionalidad con que se entregan, se contaría con una estructura legal que incentive una mejor y mayor calidad del periodismo y propiciaría las condiciones para impulsar la educación y la formación de lectores críticos.
El periodista de la revista Proceso, Jorge Carrasco, expuso la situación de la demanda por daño moral que interpuso Marta Sahagún de Fox contra ese semanario y la periodista Olga Wornat, por publicar un texto sobre la anulación del matrimonio de la Primera Dama con Manuel Bribiesca.
Carrasco dijo que Marta Sahagún no ha acreditado completamente el supuesto daño moral y señaló que fue la Primera Dama quien ha compartido aspectos de su vida privada con los medios de comunicación.
Indicó que el trasfondo de la demanda es coartar la libertad de expresión e imponerle la agenda a los medios de comunicación y advirtió que la sí el juez resuelve a favor de la Sahagún de Fox, se mandará un mensaje muy preocupante, que tendrá repercusiones en la relación entre la prensa y el poder.
Jesús Martínez Álvarez, coordinador de los diputados de Convergencia, aseguró que el crimen organizado y el resurgimiento de los caciques estatales se han convertido en verdaderos factores de represión y aniquilamiento del ejercicio periodístico.
Mencionó el caso del periódico oaxaqueño Noticias, que ha padecido el hostigamiento sistemático por parte del Gobierno estatal.
Julio Hernández López, columnista de La Jornada, aseguró que ante la ausencia del poder político por parte del Gobierno Federal, los poderes fácticos como el narcotráfico, los gobiernos locales y caciques, han condicionado y generado la introducción de elementos de descomposición en los medios de comunicación.
El también director de La Jornada de San Luis Potosí, dijo que el gobernador de esa entidad le ha condicionado la publicidad gubernamental a cambio de que le venda las primeras planas del diario, con información acomodada a los intereses particulares del mandatario local.
Particularmente, se pronunció por regular los recursos que los gobiernos otorgan a los medios de comunicación, para que sean entregados de manera justa y equitativa, principalmente en la prensa escrita, ya que, agregó, es el punto de quiebre que evidencia la corrupción en el poder.
El senador Javier Corral Jurado (PAN) dijo que es responsabilidad urgente de los legisladores definir con claridad las restricciones legítimas de la libertad de expresión, para que no sea la interpretación de los jueces la que resuelva hasta qué punto llega la relación armónica entre los medios y los demandados.
Se pronunció por definir conceptos como daño moral, derecho a la vida privada, el derecho de réplica, honor, intimidad, reputación, y determinar así que no es absoluto e ilimitado el derecho a la libertad de expresión.
Si el Congreso sigue retrasando la legislación en la materia, que comprendería la reglamentación general de los artículos 6 y 7 Constitucionales, sería como propiciar la continuación de las amenazas desde el poder a los medios y los atentados a la libertad de expresión, abundó el senador.
No obstante, también llamó a la responsabilidad y a que el periodismo sea sometido al escrutinio en el cumplimiento de sus deberes éticos y legales a los que está obligado.
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