El secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y el Procurador Agrario, Isaías Rivera, afirmaron que Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández Hass adquirieron de manera legal la bahía “El Tamarindillo”, en Michoacán, y rechazaron cualquier vínculo de la familia del presidente Vicente Fox con esa operación.

Ambos funcionarios se reunieron durante dos horas con diputados de la subcomisión Especial que investiga esa operación de tierras y de la Comisión de la Reforma Agraria.

“El Presidente de la República no tiene ningún interés económico en esa zona. Jamás nos ha dado indicación para que se pudieran favorecer esos hipotéticos intereses de él. Ha quedado claro que estamos actuando con transparencia”, dijo Florencio Salazar Adame.

El secretario de la Reforma Agraria mostró documentos en los que se establece que Mares Hernández y Hernández Hass tramitaron ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, en el estado de Colima, los procedimientos en los que se reconocieron sus derechos como ejidatarios.

Dijo que “El Tamarindillo” se ubica en la zona parcelada, no en las tierras de uso común y por eso se decidió asignarlo a diversos ejidatarios del núcleo, entre los que se encuentran Mares y Hass, ajustándose a los artículos 56, 57 y 62 de la Ley Agraria.

La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz (PRD) consideró que sí hay irregularidades y abuso de poder en la compra-venta de esos terrenos, por la forma como se llevó a cabo el proceso, y dijo que los ejidatarios recibieron amenazas para que vendieran.

Informó que la Subcomisión Especial entregará en ocho días un informe a la Cámara de Diputados con los documentos que prueban las irregularidades.

Señaló la posibilidad de que la Comisión de Reforma Agraria cite a Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández Hass a una reunión para que informen sobre el proceso de la compra-venta.

El diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (PAN) dijo que los legisladores tienen la obligación de vigilar que el abuso de poder en México no quede impune, pero también pidió a la diputada Ana Lilia Guillén que entregue pruebas sobre sus señalamientos.

El pasado 2 de febrero se aprobó la integración de una Subcomisión Plural que de manera específica atendiera y revisara la compra-venta de “El Tamarindillo”, la cual está integrada por Ana Lilia Guillén Quiroz (PRD), Margarita Chávez Murguía (PAN) y Elpidio Concha Arellano (PRI).

El diputado Manuel García Corpus (PRI), presidente de la Comisión de Reforma Agraria, dijo que a partir de esta reunión se buscará a los demás actores vinculados con esta operación para que aporten información a la investigación.

Señaló que este tema es delicado por la posible intervención del Presidente de la República y el presunto despojo de tierras a campesinos.

DJ/JGM