La Subcomisión Plural de la Cámara de Diputados que investiga la compra-venta de la bahía “El Tamarindillo, Michoacán, presentó un informe, con documentos y testimonios, en el que se presumen irregularidades en ese proceso que involucra al empresario Cosme Mares Hernández y a su cuñado Rubén Hernández Hass.

En el documento también se hace referencia a la presunción de ejidatarios inconformes de que el presidente Vicente Fox era quien realmente habría estado interesado en adquirir esa bahía, pero se señala que esa información sólo se obtuvo en conversaciones con los interesados.

“La Subcomisión no pretende una inculpación directa o particularizada a personas o instituciones, sino al esclarecimiento de una acción que a partir de lo obtenido durante largas semanas, presume irregularidades que ponen en entredicho la función de las instituciones de la nación, como es el caso de la Secretaría de la Reforma Agraria”, se indicó en el informe.

El pasado 2 de febrero se aprobó la integración de la Subcomisión Plural que de manera específica atendiera y revisara la compra-venta de la bahía “El Tamarindillo”, conformada por Ana Lilia Guillén Quiroz (PRD), Margarita Chávez Murguía (PAN) y Elpidio Concha Arellano (PRI).

La semana pasada, el secretario de la Reforma Agraria, Florencio Salazar, y el Procurador Agrario, Isaías Rivero, informaron a los integrantes de la Subcomisión que Cosme Mares Hernández y Rubén Hernández Hass adquirieron esa bahía de manera legal y rechazaron cualquier vínculo de la familia del presidente Vicente Fox con esa operación.

Florencio Salazar dijo que “El Tamarindillo” se ubica en la zona parcelada, no en las tierras de uso común y que ambos compradores realizaron todos los trámites correspondientes de manera adecuada.

Sin embargo, en el informe que presentaron este día los integrantes de la Subcomisión se concluye que en el caso de la bahía “si hubo venta del ejido “El Tizuiz”, en terrenos denominados de uso común, y falsedad en las actas”, además de asegurar que cuentan con documentos que avalan lo señalado.

La Subcomisión hace referencia a irregularidades en las actas de las asambleas que realizaron los ejidatarios donde se valida la personalidad jurídica ejidal de ambos compradores.

También recuerda que ante esas anomalías cinco ejidatarios afectados interpusieron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 38, con sede en la ciudad de Colima, que las autoridades resolvieron a favor de los compradores en menos de 30 días.

Se señala que existen dudas sobre el fallo de esa demanda, en cuanto a la imparcialidad y transparencia de las diversas autoridades, porque no podría resolverse en un tiempo tan reducido ante la dinámica dilatoria para la impartición de justicia en un litigio ejidal, además de las complejidades jurídicas que implica.

La diputada Ana Lilia Guillen Quiroz dijo que se pedirá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que investigue si fiscalmente se cumplió la compra-venta del ejido y buscarán que la Secretaría de la Función Pública intervenga en el caso.

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