Diputados de oposición coincidieron en que en la Secretaría de la Función Pública existen rezagos e ineficiencia en su operatividad, durante la comparecencia de su titular, Eduardo Romero Ramos, por la glosa del V Informe de gobierno ante la Comisión de la Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación.

El funcionario destacó la creación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, del Instituto de Acceso a la Información Pública y la implementación del Servicio Profesional de Carrera, como los principales logros en el gobierno del presidente Vicente Fox.

Jesús Emilio Martínez (Convergencia) consideró que las estructuras del Ejecutivo Federal son inoperantes y dijo que la Auditoría Superior de la Federación debería absorber las funciones de fiscalización y de sanción, mientras que a la Secretaría de la Función Pública le correspondería la responsabilidad de modernizar la Administración Pública Federal.

Consideró contradictorio que el Ejecutivo Federal sea quien se audite y señaló que la Secretaría de la Contraloría estuvo mal planteada desde su origen.

Agregó que las sanciones que ha hecho la dependencia a funcionarios federales por irregularidades, de acuerdo al informe presentado, ascienden a tres mil 733 millones de pesos, pero cuestionó si la cantidad mencionada era el total recuperado o simplemente la cifra a la que ascendían dichas sanciones.

Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) cuestionó sobre los avances que se han logrado en materia de corrupción y dijo que el siete por ciento del ingreso de las familias de nivel medio va directamente a solventar ese tipo de actos.

Agregó que los fideicomisos carecen de transparencia por su marco normativo y regulatorio, ocasionando severos daños patrimoniales, y que el Servicio Civil de Carrera presenta problemas en su instrumentación, ya que ciudadanos con grandes aptitudes no acceden a las plazas debido a los requisitos que el sistema les impone.

Guillermo Huízar Carranza (PRD) consideró que debía de hacerse una revisión a la estructura funcional de la Administración Pública Federal, ya que la Secretaría de la Función Pública no era útil.

Mencionó que las cifras que presenta la Auditoria Superior de la Federación, órgano que depende del Poder Legislativo, y la Secretaría de la Función Pública, ambas instancias prácticamente con el mismo objetivo, presentan una enorme y profunda diferencia.

“Estamos cayendo en una duplicidad de estructuras paralelas, que se entrelazan y las convierten en un aparato obsoleto e ineficiente, mantener una estructura obesa parece ya no corresponder a lo que exige y demanda la sociedad”, señaló.

El secretario Eduardo Romero Ramos señaló que no tendría inconveniente en un cambio constitucional, pero consideró que el control interno de la Administración Pública Federal es una herramienta fundamental y es difícil que pueda desaparecer, pues son funciones absolutamente necesarias en cualquier organización.

Indicó que para el combate a la corrupción se han reorientado y fortalecido la presencia de órganos internos de control en organismos federales.

En referencia a la transparencia, Romero Ramos señaló que el rezago que mencionaban los diputados era relativo, pues dijo “si nos comparamos con el nivel de transparencia que había hace seis años concluiríamos que realmente andamos muy avanzados”.

La diputada Gabriela Ruiz del Rincón (PAN) dijo que la implementación del Servicio Profesional de Carrera ha traído consigo la profesionalización y la capacidad de los servidores públicos, así como la incorporación al Gobierno Federal mediante un sistema más claro y transparente.

Sin embargo, indicó que aún existe una problemática para respetar lo que la misma ley establece.

“La presencia de discrecionalidad en la asignación de las plazas, así como la posibilidad de promociones y ascensos, son dos grandes retos que nosotros vemos de aquí a que se concluya este sexenio y que pueden ser para que se termine de manera exitosa”.

Marcela Guerra Castillo (PRI), se pronuncio por una mejora en la rendición de cuentas, ya que, dijo “si no se reintegran los recursos de nada sirven las auditorias”.

Dijo que la Auditoria Superior de la Federación, con un presupuesto de 600 millones de pesos y con una muestra auditable del dos por ciento, recupera por cada peso invertido 1.78 pesos, y que entonces si había un costo-beneficio.

Cuestionó acerca del caso PROVIDA y el de la Lotería Nacional, en donde no se había visto ningún resarcimiento a la Hacienda pública. Asimismo, recordó que la Secretaria de la Función Pública cuesta a los mexicanos seis mil millones de pesos anuales y solicito explicación sobre el costo-beneficio.

BL/JGM