Legisladores de oposición calificaron de inaceptable la reducción del presupuesto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por parte de la Secretaria de Hacienda en el pasado mes de junio, y exhortaron al secretario, Javier Usabiaga Arroyo, a trabajar juntos para incrementar los recursos.

En el marco de la glosa del V Informe de Gobierno, el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Cruz López Aguilar (PRI), manifestó su apoyo al titular de la dependencia y le solicitó que se entable un diálogo con el Presidente de la República para solucionar el problema de la insuficiencia presupuestaria.

El legislador priísta señaló que el Ejecutivo Federal ajustó para este año el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la dependencia en 4 mil 600 millones de pesos, dejando en insolvencia el pago a la baja de los apoyos a la comercialización del ciclo primavera verano 2005.

Agregó que el Fondo de Apoyo a la Competitividad y el Programa Ganadero son rubros en los que existen problemas de suficiencia presupuestaria y que la reducción presupuestal afectó programas de infraestructura y a la Alianza para el Campo.

El funcionario compartió la preocupación por la reducción presupuestal, la cual originalmente era de 48 mil 396 millones de pesos, pero en el mes de junio registró una reducción de 4 mil 600 millones de pesos, quedando en 43 mil 947 millones de pesos.

“Es importante hacer llegar los recursos a los productores en una forma más ágil y expedita, sin embargo, existen condicionantes que nos impiden lograr el objetivo”, señaló.

Se comprometió a trabajar para dar la agilidad que se requiere en la cuestión presupuestaria, y explicó que existen programas multianuales que obligaban a proporcionar suficiencia presupuestal a todos los compromisos adquiridos con anterioridad.

Usabiaga Arroyo se pronunció por un diálogo para lograr una estructuración del presupuesto, hacerlo mas ágil en su aplicación, menos complicado en su ejecución y que permita atender la estacionalidad y la contingencia del sector.

En su intervención, el diputado Juan Fernando Perdomo Bueno (Convergencia) debatió sobre las contradicciones presentadas en el Informe en materia presupuestal, ya que éstas generaban desconfianza.

Perdomo Bueno cuestionó a Usabiaga sobre las gestiones que estaban realizando para el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio (TLC) en materia de la agroindustria de la caña de azúcar y contra la fructosa, productos que están ingresando al país.

En este sentido, el funcionario explicó que se ha tratado de subsanar las deficiencias estructurales para dar certidumbre al sector más vulnerable ante los tratados internacionales, e informó que se está trabajando de manera conjunta con la Secretaría de Economía para atender las inconsistencias en el TLC.

El diputado Luis Antonio González Roldán (PVEM) se enfocó en la problemática que se presenta en el sector pesquero y acuícola, cuestionando las estrategias de control de la sobreexplotación de camarón, atún y tiburón, y sobre la falta de una normatividad para la producción de alimentos orgánicos, que garanticen al consumidor un producto certificado.

Usabiaga Arroyo reconoció la incapacidad para solucionar la problemática de contaminación bacterial en el sector acuícola y compartió la preocupación en base a resultados.

Informó que la pesquería de camarón está sobreconcesionada, pero que para atender el problema se estableció un programa de retiro voluntario de la flota camaronera a fin de hacer rentable esa actividad.

Miguel Luna Hernández (PRD), presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, se refirió a las “trabas” que se han presentado para ejercer el presupuesto y solicitó una explicación sobre los 33 fideicomisos creados por la Secretaria, que no fueron reportados a la Secretaría de Hacienda.

Dijo que las políticas agropecuarias del actual gobierno y de la SAGARPA han permitido una dependencia alimentaria debido a las excesivas importaciones que perjudican a los productores nacionales.

En este sentido, Usabiaga señaló que los fideicomisos son estatales y que se rigen de acuerdo a un programa que nació en 1996 para que se administren los recursos de Alianza para el Campo, a través de los Estados.

Agregó que no es a través de leyes como se van a solucionar los problemas, sino con la organización de los productores, la eficiencia de los costos y el incremento en la productividad.

Antonio Mejía Haro (PRD), señaló que las fracciones parlamentarias exigirán a Hacienda la reinstalación de los 4 mil 600 millones de pesos y reconoció que la SAGARPA era de las pocas secretarías que registraban menos subejercicio.

Consideró como inaceptable e inviable el presupuesto asignado, ya que contradice a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y pidió celeridad en el ejercicio de los programas de apoyo a las cadenas productivas.

También en la ronda de cuestionamientos, el diputado Ernesto Dávila Aranda, del PAN, consideró que la capitalización del campo es un tema fundamental que requiere atención por parte del Ejecutivo Federal, inversiones que propicien la generación de empleos, mejoramiento del bienestar de las familias y su arraigo en las comunidades.

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