(Material embargado de domingo para lunes)

A consecuencia de los terremotos de 1985 se registraron en el país avances en materia de protección civil, pero son insuficientes y falta mucho por hacer en materia de prevención, educación y coordinación entre los tres niveles de gobierno y la población, coincidieron diputados de las diferentes fracciones parlamentarias.

En el debate que se difunde en el programa semanal de televisión “Frente a las Cámaras”, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM y Convergencia, se pronunciaron por impulsar una cultura preventiva; incrementar el presupuesto para esa área e invertir más recursos en investigación científica y desarrollo tecnológico.

También coincidieron en la necesidad de enfrentar de manera integral los fenómenos naturales, como sismos y huracanes, o los accidentes, como las explosiones en ductos de Pemex, con la participación organizada de los tres niveles de gobierno -federal, estatal y municipal- y la ciudadanía.

David Hernández Pérez (PRI) dijo que a raíz de los sismos del 19 de septiembre de 1985 ha habido un gran avance sobre todo en programas y en tiempos de atención, pero no es lo que deseamos.

Debemos tener programas más organizados, con una coordinación permanente, y regionalizarlos porque se centraliza mucho el manejo de los recursos y estos deben permitir que se resuelva de manera inmediata la problemática desde los municipios, indicó.

Julián Angulo Góngora (PAN) señaló que México es uno de los países con mayor vulnerabilidad acerca de los sismos “y pareciera ser que fue a partir de los sismos de 1985, cuando tomamos una conciencia plena de esta situación, que los gobiernos se han preocupado”.

Aseguró que el Presidente Vicente Fox le ha dado un impulso definitivo a esta área con la integración de un sistema de prevención; un atlas computarizado que no existía; la agilización en la entrega de los recursos del Fondo Nacional de Desastres y la capacitación de 35 mil brigadistas.

Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD) también señaló que en los últimos 20 años ha habido una experiencia positiva en la ciudadanía y en los tres niveles de gobierno y hay una mejor conciencia de la vulnerabilidad y de la situación ante desastres de carácter natural.

Sin embargo, agregó, “tenemos un aspecto fundamental que no ha avanzado en lo institucional, reglamentario o de leyes: es el asunto preventivo” y señaló la necesidad de “avanzar en términos de una cultura política de protección civil de la población a un asunto de mayor prevención”.

Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) dijo que no se había aprendido lo suficiente de los desastres naturales, como el sismo del 85, porque “casi todo lo que tenemos hoy en día es en cuanto a remediar” y falta mucho en materia de prevención y no hay una cultura suficiente sobre este tema.

Dijo que la protección civil hay que entenderla como una tarea conjunta entre la sociedad civil y las instituciones del gobierno, indicó que “falta mucha coordinación” y señaló que a pesar del aumento de recursos que se han asignados a esta área, aún son insuficientes.

Lo que tenemos muy bien en México es el Plan DN III, que incluye las labores del Ejército, agregó.

Jesús González Schmal (Convergencia) destacó la importancia de promover una conciencia de corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad para enfrentar estos fenómenos, primero, preventivamente a través de una educación sistemática sobre sismos y contingencias atmosféricas, entre otros.

Cuestionó al Gobierno Federal porque la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto de Egresos del 2005 el uno por ciento del PIB para la investigación científica y el desarrollo de tecnología, pero el presidente Vicente Fox primero lo vetó y ahora está ejerciendo menos de la mitad, sólo el .36 por ciento del PIB.

En su función como legisladores, los diputados coincidieron en que deben impulsar más recursos para las áreas de protección civil, así como para la investigación científica y desarrollo tecnológico.

También se pronunciaron por legislar para que las construcciones sean las adecuadas a las características del país; regular el establecimiento de asentamientos humanos en zonas de alto riesgo e impulsar acciones para que autoridades negligentes o corruptas sean sancionadas, entre otras acciones.

JGM