Diputados federales y el Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora Icaza, coincidieron en la necesidad de incrementar en 20 por ciento el presupuesto que se destinará en el 2006 a este sector en los gobiernos federal, estatal y municipal.

En el marco de la glosa del V Informe de gobierno, el funcionario federal propuso a los legisladores desarrollar una agenda común y los exhortó a que debatan los dictámenes sobre esta materia.

Alertó sobre el problema que representa la presencia de los pandilleros de la Mara Salvatrucha en el país y se refirió a las preliberaciones, la Ley de Extradición Internacional, así como el narcotráfico, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el programa de depuración de corporaciones de seguridad y la participación ciudadana en la prevención del delito.

Diputados de oposición cuestionaron al Secretario por la inseguridad pública y el avance de la delincuencia común y organizada en los tres niveles de gobierno, el narcotráfico, comercio sexual infantil, piratería y corrupción en los cuerpos policiacos.

También preguntaron sobre los criterios que se siguen para implementar el programa “México Seguro”.

El titular de Seguridad Pública compareció ante las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Especial para dar Seguimiento a Investigaciones relacionadas con Feminicidios y Procuración de Justicia Vinculada.

Se congratuló con el interés de los diputados por apoyar las iniciativas presupuestales para dotar de mayores recursos al área de la seguridad Pública y aseguró que si se descuida el fenómeno de la Mara Salvatrucha se puede convertir fácilmente en un problema de seguridad nacional.

Reconoció que en el país se tienen alrededor de cinco mil integrantes de esta banda, agrupados en unas 200 células, el 90 por ciento de ellas en el estado de Chiapas y el restante 10 por ciento en las entidades por donde pasa la vía del ferrocarril que conduce hacia la frontera con Estados Unidos.

Consideró importante que los legisladores debatan los dictámenes relativos a la Reforma Integral del Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia, que propuso el presidente Vicente Fox y pidió que se analizaran cambios en el otorgamiento de preliberaciones y la Ley de Extradición Internacional.

Informó que los acuerdos recientes del Consejo Nacional de Seguridad Pública son la base del programa que se desarrollará durante los próximos meses y anunció la instalación de una mesa de trabajo para definir la estrategia contra el narcotráfico.

También dijo que se interconectarán las bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de los Grupos de Coordinación Especializada a todas las policías preventivas e investigadoras del país y se hará obligatorio el programa de depuración de corporaciones de seguridad.

Anunció que se instalarán equipos de bloqueo de señales de teléfono celular en cuando menos 20 centros penitenciarios y se implementará a nivel nacional el programa “Año Nacional de la Participación Ciudadana en la Prevención del Delito”, entre otros aspectos que abordó.

El diputado José Manuel Abdalá de la Fuente (PRI) consideró como incongruente la propuesta del Ejecutivo Federal de reducir un 20 por ciento al presupuesto de este sector para el 2006, es decir, de cinco mil millones de pesos que se tienen actualmente a cuatro mil millones de pesos.

Dijo que los legisladores han solicitado un aumento de al menos 20 por ciento en relación a los recursos destinados este año y expresó su firme propósito de seguir luchando para que se destine el recurso y la cantidad justa a las entidades federativas, sobre donde se presenta un mayor índice delictivo.

Ernesto Herrera Tovar (PAN) resaltó la importancia de que la administración del presidente Fox haya propuesto la creación de la Secretaría de Seguridad Pública federal con el fin de fortalecer la coordinación efectiva de los órdenes de gobierno.

Esta –agregó- fue una señal del compromiso del gobierno por combatir frontalmente la delincuencia con resultados a la vista, tales como el desmantelamiento de organizaciones criminales, la captura de grandes capos de la mafia y el aumento de los recursos para la seguridad.

Lizbeth Rosas Montero (PRD) lamentó que después de cinco años hayan decidido no participar en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y pidió al Secretario que se termine con las campañas demagógicas como el año de la participación ciudadana, “cuando en realidad no hay la intención de promover una participación ciudadana efectiva”.

Preguntó qué acciones específicas realizará el personal a su cargo para combatir la delincuencia organizada en áreas como narcotráfico; tráfico, comercio y prostitución infantil; piratería y la corrupción en los cuerpos policiacos, entre otras.

Luis Antonio González Roldán (PVEM) señaló que México ocupa el segundo lugar en secuestros, además de ser un país productor y distribuidor de estupefacientes.

Programas van y funcionarios vienen, señaló, pero el balance sigue siendo por demás decepcionante. El crimen organizado sigue amasando cuantiosas fortunas a través de grandes negocios que sirven para el “lavado de dinero” y muchos delitos se planean desde la cárcel, aseguró el diputado.

El diputado Luis Maldonado Venegas (Convergencia) dijo que la inseguridad pública se ha convertido en una verdadera amenaza a la integridad y el patrimonio de los mexicanos y que la sociedad demanda que los tres niveles del gobierno frenen el avance de la delincuencia común y organizada.

DJ/JGM