denunciaron ante el diputado Rubén Alfredo Torres Zavala (PAN) que sufren constantes amenazas de muerte y hostigamiento sexual y laboral por parte de los directivos.

“Hemos acordado en el Comité de Gestoría y Quejas y la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados estudiar el expediente y ver si a partir de ello se puede elevar al Pleno de Cámaral un punto de acuerdo para solicitar al gobernador una puntual atención en este caso”, dijo el legislador.

Torres Zavala, integrante del Comité de Gestoría y Quejas, se comprometió a darle seguimiento a esta situación ante todas las instancias para que se agilice y se consigne a los presuntos culpables.

Ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ni el Gobernador del Estado, Lázaro Cárdenas, han dado respuesta ni solución a este caso, que evidencia
“una red de complicidades tanto a nivel de la Procuraduría de Justicia del estado como de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán”, agregó.

Luis Mariano Carranza Flores, integrante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, no Gubernamental (ONG), dijo que han tenido que salir de esa entidad para buscar en las instancias respectivas el apoyo que no han recibido.

Aseguró que “las denuncias penales que fueron presentadas por las afectadas ante la agencia novena del Ministerio Público, pese a que ya reúnen los medios de convicción que fueron solicitados, siguen en un escritorio sin ser consignadas”.

Carmen Salinas, con siete años de trabajar en el Centro de Rehabilitación Social, dijo que en esta administración ha recibido malos tratos y acoso sexual.

María García Torres comentó que al rechazar las peticiones sexuales de los directivos del penal fueron arrestadas hasta por 15 días por “supuestos hechos fabricados”.

Ambas dijeron que también han recibido amenazas de golpes y de muerte.

DJ/JGM