Un nuevo centro de apuestas entró la semana pasada en operación en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a pesar del llamado que hicieron diputados federales en septiembre pasado para que se suspendiera su autorización hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera una controversia sobre ese tema.

El ex secretario del Ayuntamiento, Octavio Antonio Lozano Gamez, dio su opinión favorable para la operación de ese centro, afirmó Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI), presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que verifica la legalidad de los permisos otorgados por la Secretaría de Gobernación para juegos y sorteos.

Dijo que ese centro de apuestas pertenece a la empresa Juega y Gana, SA de CV, cuyo representante legal es Juan Eduardo Mounetou Pérez.

Gutiérrez de la Garza recordó que en septiembre pasado los diputados de la Comisión Especial solicitaron a la Secretaría de Gobernación y a todos los gobernadores del país que se abstuvieran de dar su aval a la operación de nuevos centros de apuestas hasta que se resuelva la controversia constitucional.

Para que entren en operación los centros de apuestas autorizados por la Secretaría de Gobernación se requiere del aval de las autoridades locales y de acuerdo con Gutiérrez de la Garza éstas han actuado con un doble discurso.

“Hay irresponsabilidad y un doble discurso por parte de las autoridades locales que emiten las opiniones favorables” para el funcionamiento de estos locales, afirmó el legislador priísta.

Aseguró que este nuevo centro no figura entre los 198 autorizados por Santiago Creel Miranda, durante sus últimos días como titular de la Secretaría de Gobernación.

De esos 198 centros de apuestas, sólo uno se encuentra en operación porque en su momento contó con la opinión favorable de Alejandro Encinas, en su carácter de Secretario de Gobierno del Distrito Federal.

La Secretaría de Gobernación aprobó el 17 de septiembre de 2004 un reglamento para autorizar centros de puesta, el cual fue rechazado por la Cámara de Diputados que introdujo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aprobó el funcionamiento de la Comisión Especial a partir de junio pasado.

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