El presidente de la Comisión Especial de la Función Pública, de la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Islas Hernández (PRI) dijo que es urgente que se tomen medidas contra la corrupción y aseguró que ésta representa el impuesto más regresivo que existe en el país.

En una reunión con Octavio Díaz García, Secretario Ejecutivo de la Comisión Intersecretarial de Transparencia y Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, el legislador priísta recordó que en la percepción de corrupción, que elabora Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 55 de 60 países.

Consideró que el volumen de recursos que se emplea en actos de corrupción asciende a unos 28 mil millones de pesos al año, “lo que es insostenible para un país en vías de desarrollo”.

Es urgente tomar medidas drásticas para erradicar la corrupción y afianzar la transparencia con el propósito de lograr mayor confianza en la democracia y terminar con el descrédito de la política y el gobierno, agregó.

Por su parte, el funcionario Díaz García presentó a los legisladores un informe de actividades y señaló que entre sus objetivos está el prevenir y abatir prácticas de corrupción, así como controlarlas y detectarlas.

Mencionó que la Secretaría de la Función Pública ha propuesto diversas iniciativas al Congreso de la Unión para impulsar el combate a la corrupción desde el punto de vista jurídico y recordó que el 14 de diciembre entra en vigor la Convención Anticorrupción que México suscribió.

Por su parte, la diputada Marcela Guerra Castillo (PRI) consideró lamentable que este día el secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, haya deslindado al ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, de las irregularidades detectadas a Carmen Segura Rangel, ex titular de Protección civil.

Dijo que esa situación le atañe directamente a Santiago Creel porque fue el jefe inmediato de Segura Rangel.

También señaló que la Secretaría de la Función Pública tiene un presupuesto de seis mil millones de pesos y sólo ha contribuido a resarcir a la hacienda pública recursos por unos 38 millones de pesos en los últimos cinco años.

“Esto a todas luces es una ineficiencia completa y absoluta”, agregó.

María Angélica Díaz del Campo (PRD) solicitó que se elabore un criterio general sobre las auditorías de las autoridades a nivel federal, estatal y municipal, para reducir la corrupción.

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