Organizaciones sindicales como el STUNAM, SNTE, del ISSSTE y Gobierno del Distrito Federal, entre otras, conformarán a partir de enero un frente común y realizarán una serie de movilizaciones e incluso llegarán al paro de sus labores en protesta a la iniciativa de reformas a la Ley de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para establecer un nuevo modelo de gestión para la prestación de los servicios médicos.

En conferencia de prensa, los diputados del PRD, José Agustín Rodríguez y Miguel Alonso Raya afirmaron que el pasado 15 de diciembre se presentó en el Senado de la República una iniciativa sobre una nueva ley de ISSSTE, que afectarían la estructura de seguros y prestaciones de la norma vigente para tratar de equipararlos a la Ley del Seguro Social.

“De ninguna forma nos van a volver a aplicar la misma medicina, tal y como se hizo con las reformas a la Ley del IMSS. Vamos a acudir a la movilización de los trabajadores”, advirtió José Agustín Rodríguez líder del sindicato de trabajadores de la UNAM.

El presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, Miguel Alonso Raya, dijo que en el conjunto de modificaciones que se le harían a la nueva Ley se encuentran la desaparición del derecho a la jubilación y la indemnización, aumenta las obligaciones y se endurecen los requisitos para acceder a prestaciones y beneficios, además de que se prepara al instituto para separarlo de los servicios médicos y entregarlos a la iniciativa privada.

Señaló que con esta nueva ley se verían afectados 2.8 millones de asegurados, es decir, 10 millones de derechohabientes, 500 mil jubilados y pensionados, así como 32 mil niños en guarderías.

En el documento se establece, además, la creación de un órgano público que administre las pensiones, denominado: PENSIONISSSTE, como órgano público desconcentrado del instituto, cuya función será la administración de los derechos pensionarios de los trabajadores.
Se menciona que durante los 18 meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, el PENSIONISSSTE administrará las cuentas individuales de todos los afiliados al Instituto.

En caso de entrar en vigor la ley, la pensión se otorgará como un porcentaje del salario del último año de cotización, hasta alcanzar, en 2010, el promedio de los últimos 5 años para el cálculo de pensión.

El pago de las pensiones conforme a esta opción estará a cargo del Gobierno Federal. Como segunda opción, consiste en recibir un bono de reconocimiento, cuyo valor será equivalente a la pensión que se le reconoce a cada trabajador a la fecha de la reforma.

Según el diputado Miguel Alonso Raya, el costo presupuestal de esta reforma rebasa los 1.6 billones de pesos; pues se estima que los valores del bono son mayores en 40 por ciento a los presentados con anterioridad, “lo cual significa que si el monto total asociado a éste oscilaba ente 800 mil millones de pesos y 1.2 billones, el costo financiero alcanzaría 1.1 y 1.6 billones”.

También se endurecen las condiciones para la incorporación al régimen obligatorio del ISSSTE de estados, municipios, e instituciones estatales y municipales.

Los diputados acusaron al Gobierno Federal, en especial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de promover la iniciativa que se encuentra en el Senado de la Pública, a la que calificaron de “inconstitucional”, toda vez que aseguraron, es la Cámara de Diputados el órgano de origen, que debería llevar a cabo dichas modificaciones.

Ambos legisladores se pronunciaron por una reforma a la Ley de ISSSTE a través de la vía de los consensos, con la participación de los trabajadores, a fin de garantizar y consolidar la seguridad social de los mismos.

MB