La Comisión Permanente del Congreso de la Unión pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado de Puebla que investiguen las redes de pederastia y pornografía infantil que ha documentado y señalado la periodista Lydia Cacho.
En el punto de acuerdo también se exhorta a la PGR para que garantice eficazmente la seguridad, integridad y el derecho a la libertad de expresión de la periodista.
El documento fue presentado por las integrantes de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana y a la Procuración de Justicia Vinculada.
Se recordó que Lydia Cacho fue detenida el pasado 16 de diciembre “por un supuesto delito de difamación denunciado por Nacif Borge, empresario textil de origen libanés a quien la periodista menciona en su libro ´Los Demonios del Edén´ como vinculado al empresario Succar Kuri, presunto líder de una banda dedicada a la pornografía infantil”.
Lydia Cacho fue trasladada por carretera desde Cancún, Quintana Roo, a Puebla por la orden de aprehensión que giró en su contra el juez quinto del ramo penal con sede en Puebla, con base en la averiguación previa 345/2005.
“Desde noviembre de 2004 Lydia Cacho ha sido hostigada y recibido amenazas de muerte pues en el cumplimiento de su labor como periodista y defensora de los derechos de las mujeres, denunció a una banda internacional de corrupción de menores y pornografía infantil”, de acuerdo al documento aprobado.
También se señaló que, ante esa situación, la Cámara de Diputados exhortó a la PGR y a la Procuraduría del estado de Quintana Roo para que garantizaran la integridad y la seguridad personales de la periodista.
Sin embargo, agregó, “ahora a través de medios legales la comunicadora continúa siendo hostigada, pues uno de los presuntos integrantes de la red de pornografía la denunció por difamación y calumnias”.
Se indicó que en el Informe 2004 de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha considerado que la penalización de la difamación y la calumnia permiten que se coarte flagrantemente el ejercicio pleno de la libertad de expresión.

De acuerdo al informe, esa penalización “también ha servido como instrumento político para amedrentar e intimidar a las y los periodistas que ejercen su profesión de manera crítica y comprometida, como sucede en el caso concreto”.
Lydia Cacho fue detenida por denunciar públicamente a una red de pornografía y pedofilia, y la autoridad no ha investigado por estos hechos a los presuntos implicados. Por el contrario, se detuvo a la comunicadora, se indicó en las consideraciones del exhorto.
JGM