Palacio Legislativo de San Lázaro 18 abril 2006. (Notilegis). Esta tarde, diputados federales que integran la Comisión Especial que Investiga a la Empresa Construcciones Prácticas se presentarán en las instalaciones de la Procuraduría General de la República para ratificar la denuncia de hechos que interpusieron hace días por el presunto tráfico de influencias cometido por los hijos de Marta Sahagún.

Así lo confirmó el presidente de la Comisión Legislativa, el diputado Jesús González Schmal, quien dijo que el Ministerio Público tiene en su poder las pruebas presentadas por la instancia legislativa, por lo que deberían ser llamados a declarar los testigos y los indiciados.

El legislador del Partido de Convergencia, apuntó que quienes deberían ser llamados a declarar son: Miguel Khoury y Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, así como los testigos y documentales públicas que “nosotros anexamos y van a ser cotejadas con el Registro Público de la Propiedad en distintos lugares, entre ellos, León y Celaya, Guanajuato”.

El legislador consideró que también debería ser llamado a declarar el Secretario Ejecutivo del IPAB, Mario Beauregard, a fin de que el funcionario explique esa subasta y cómo fue que se adjudicó a la empresa Construcciones Prácticas y cómo es que está la vinculación entre los Bribiesca Sahagún y Construcciones Prácticas, cómo es que hubo una simulación donde ellos no aparecen pero son los que mandan y tienen el control sobre esta empresa.

Y consideró: “Lo que nosotros creemos es que están incluidas conductas de tipo penal que son por lo tanto sancionables. Nosotros creemos que las pruebas que aportamos son suficientes, sin embargo, vamos a aportar más. Ya la Auditoria Superior de la Federación contestó parte del cuestionario que le envió; igualmente el IPAB contestó el cuestionario. No así la Secretaría de la Función Pública, que nos solicitó un plazo de 30 días para contestarnos”.

El diputado González Schmal lamentó que el titular de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, utilice un “subterfugio” para ganar tiempo y hacer que los servidores públicos presuntamente implicados cuenten con tiempo para su defensa y lograr evadir la justicia.

RG