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Nota N°. 3658 Comparecerá el Secretario de la Función Pública

Palacio Legislativo de San Lázaro 20 abril 2006.- (Notilegis). La Comisión Especial que Investiga a la Empresa Construcciones Prácticas acordó por unanimidad citar a comparecer al Secretario de la Función Pública (SFP), Eduardo Romero Ramos, debido a que “no nos ha entregado la información solicitada por esta comisión”.

Aseguró lo anterior el presidente de esa instancia legislativa Jesús González Schmal (Convergencia) quien dijo que también solicitaron a Romero Ramos diera cuenta de la declaración patrimonial de la señora Martha Sahagún cuando fue vocera de la Presidencia de la República.

“Es claro su complicidad (Romeros Ramos) con la familia Bribiesca-Sahagún para dilatar la información que debe a la comisión”, señaló.

Explicó que la Mesa Directiva de la comisión rechazó una respuesta del titular de la SFP, en donde les solicitaba a los legisladores un plazo de 30 días para responder al instructivo sobre la información que requiere dicha comisión y que además se envió hace más de 15 días.

El diputado González Schmal aseguró que el Secretario de la Función Pública, está obstaculizando y entorpeciendo las investigaciones que lleva a cabo dicha comisión investigadora.

“Vamos a requerirlo para que comparezca dentro de 8 días, porque la información que le pedimos esta a la mano y no la ha entregado, razón por la cual, la Secretaría de la Función Pública tiene que contratar auditores externos para que hagan la revisión de los negocios que ha hecho la empresa Construcciones Prácticas en distintas instancias del sector oficial y porque tiene que llevar testigos sociales si es que no confía en el personal que trabaja en esa dependencia”, indicó.

González Schmal advirtió que en caso de que el funcionario no presente la información que se le demanda, estará incumpliendo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos lo que provocará que esté sujeto a juicio político por desacato a dicha ley.

Adelantó que solicitarán al Ministerio Público Federal la autorización para que los legisladores hagan una “inspección ocular”, es decir, ir a la propia Secretaría de la Función Pública a obtener la información que requieren.

MB

 
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