Palacio Legislativo de San Lázaro, 20 de abril de 2006. (Notilegis). Con 322 a favor, nueve en contra y una abstención, el Pleno de la Cámara de Diputados derogó el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. De esta manera, se elimina la disposición que obligaba a los contribuyentes a deducir el pago de gasolina a través de medios electrónicos como cheques, monederos electrónicos, así como tarjetas de crédito, débito y de servicios.

En la iniciativa, presentada por el diputado José Julio González Garza (PAN), se señala que el objetivo es restituir la libertad del contribuyente a realizar los pagos de combustible como mejor convenga a sus intereses, sin que se vea afectado en su legítimo derecho a deducir dichos consumos.
En el documento se detalla la falta de infraestructura necesaria en las gasolinerías para realizar el pago electrónico, además de que éste no ayuda a reducir el robo de combustible que se presenta al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que sólo representa el 20 por ciento del que se consume en el país.
Asimismo, se especifica que el pago electrónico aumenta el precio real de las gasolinas para el consumidor, toda vez que ni la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni Pemex ni los dueños las estaciones de servicio están dispuestas a absorber el costo de las altas comisiones bancarias; la deducción resulta un trámite burocrático y tedioso.
En tribuna, el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Gustavo Madero Muñoz, argumentó que Pemex ha aumentado el margen comercial de la gasolina y el diesel, lo que le permite absorber el impacto económico que significa ampliar la infraestructura de los medios de pago y mejorar los estándares de calidad de servicios a sus clientes.

Dijo que, de manera complementaria, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha verificado las bombas de gasolina y promovió la sustitución de las mismas para garantizar que los consumidores no sean afectados en la compra del combustible que realizan.

“Las medidas instrumentadas por las diferentes dependencias federales para atender esta problemática implican una importante inversión de recursos humanos y económicos que permiten avanzar en la aplicación de la medida fiscal generando beneficios como la mejora en el servicio, seguridad y transparencia en las operaciones y control de gastos”, apuntó.

Por ello, pidió no derogar el párrafo en cuestión, ya que “significaría ignorar el esfuerzo realizado por los actores involucrados: contribuyentes, estaciones de servicio, proveedores, medios de pago, instituciones financieras y autoridades y desaprovechar los recursos, así como la oportunidad de avanzar”.

Detalló que el dictamen no fue elaborado, analizado ni discutido al interior de la comisión que preside por lo que advirtió, “no asumo la responsabilidad legislativa que existe en la presentación al Pleno de este dictamen”.

Por su parte, Juan Carlos Pérez Góngora (PRI), secretario de dicha comisión, expresó que la propuesta fue rechazada en esa comisión por unanimidad en octubre de 2004, sin embargo, el Senado la incluyó como parte de la Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal y el Pleno la aprobó ante la proximidad del plazo constitucional para aprobar el paquete económico, fijado para 15 de noviembre.

“Me extraña que se mencionó en esta tribuna que hay 20 mil millones de pesos de evasión fiscal, presentada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), porque nunca recibimos en la comisión un documento oficial que lo señalara”, reviró.

Sostuvo que no hay que confundir el robo de combustible con el requisito que tienen los contribuyentes para hacer deducible el gasto de la gasolina, ya que son cosas distintas.

“Se busca que queden las cosas como estaban anteriormente: que el contribuyente pueda hacer deducible la gasolina para lo que tiene que pedir su factura correspondiente, con todos los requisitos fiscales, para que proceda”, añadió.

Por su parte, Guillermo Huízar Carranza (PRD), secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, precisó que la propuesta tenía como propósito terminar con los abusos, sin embargo, nunca se tomó en cuenta que representaba un costo y que algunos grupos financieros se aprovecharon de las circunstancias.

“Las terminales electrónicas en las estaciones de gasolina representa sufragar una comisión que la Secretaría de Hacienda no quiso absorber, que los gasolineros tampoco quisieron pagar y que quien menos está en condiciones de asumirla son los propios consumidores”, expuso.

“Es una medida que no funcionó, que solamente puso en evidencia la voracidad de las instituciones bancarias, lo cual se tradujo en un costo adicional que tenia alguien que soportar. En consecuencia, debemos regresar al esquema anterior“, concluyó.

Por último, Felipe Puelles (PAN) indicó que las gasolineras lejanas no cuentan con los medios para poder efectuar este tipo de pago y que los desvíos fiscales no se van a resolver con programas que solo entorpecen la actividad económica.

“No le peguemos a los sectores económicos, sugirió.

SH