Palacio Legislativo de San Lázaro, 25 de Abril de 2006. (Notilegis).- El diputado del PRD, Francisco Javier Carrillo Soberón, repudió las presuntas amenazas en contra de los familiares de los trabajadores que perdieron la vida en el accidente de la mina Pasta de Conchos, ocurrido en febrero pasado.

“Por el hecho de presentar sus denuncias en la Cámara de Diputados están siendo amenazadas y acosadas, no sabemos si por parte de la empresa o por autoridades locales o federales”, aseveró.

En entrevista a los medios de comunicación, Carrillo Soberón indicó que los diputados Ricardo Rodríguez Rocha del PRI, Jesús González Schmal de Convergencia; Miguel Alonso Raya, Agustín Rodríguez Fuentes y Pablo Franco Hernández, del PRD, recibieron a una comisión representativa de los familiares de los trabajadores para escuchar sus demandas.

Elvira Martínez, viuda de Jorge Vladimir Muñoz, explicó que el motivo de la visita se debe a que no han tenido respuesta del Gobierno Federal en torno a la reunión que solicitaron a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tratar el rescate de los familiares y exigir una investigación para deslindar responsabilidades.

“Ya que el Presidente no se hizo presente en Coahuila, nosotros venimos a la Cámara de Diputados para que ellos, como autoridad, pidan al Gobierno Federal empezar a tomar responsabilidad en el accidente y exijan a la empresa un plan de rescate de nuestros familiares; han pasado más de dos meses y no hemos obtenido respuesta”, reiteró.

Asimismo señaló que se presentaron en la sede de la Organización Internacional del Trabajo para ampliar la queja que interpusieron, en donde solicitaron agilidad en la investigación y en el rescate de cadáveres.

Por su parte, Yadira Gallegos dijo que existe miedo porque han recibido amenazas vía telefónica para “atemorizar”, insistiendo en que cedan en sus demandas, y acepten el pago de indemnización, como ha sucedido en otros accidentes.

Explicó que realizan una ardua labor con organizaciones de derechos humanos para que se les apoye en su exigencia porque el Gobierno Federal “ni siquiera se ha ocupado de hacer lo que le corresponde”.

“En Coahuila se vive muy oprimido, si se quiere alzar la voz comienzan a intimidarnos para calmar los ánimos. Hasta a la Iglesia le impiden que nos ayude, le impiden que se manifieste contra lo que ellos también ven que está mal”, abundó.

Las mujeres insistieron en que se les apoye para agilizar y esclarecer el caso.

BL