Palacio Legislativo, 19-XII-2006. (Notilegis). La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados presentó al Pleno una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 6 de la Carta Magna, para elevar a rango constitucional la rendición de cuentas, el derecho a la información pública y la transparencia en los estados, municipios y Federación.

La iniciativa, firmada por los ocho coordinadores de los grupos parlamentarios, propone adicionar un último párrafo a dicho artículo, con lo que se obligará la generación de criterios uniformes en materia de acceso a la información pública y no solamente sobre aquella que está en poder de determinado órgano o ámbito de gobierno.

La propuesta fue presentada por los gobernadores de Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Veracruz y el Distrito Federal y aprobada por la Junta de Coordinación Política el pasado 28 de noviembre, órgano que se comprometió a impulsarla desde la Cámara de Diputados.

En la exposición de motivos se señala que la falta de claridad en el manejo de los recursos públicos es un incentivo perverso para la comisión de actos de corrupción, aunque han habido avances significativos como la aprobación y expedición en el 2002, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Sin embargo, no ha sido posible unificar en las legislaciones que al respecto han dictado los Congresos locales y la Asamblea Legislativa, principios y mecanismos comunes para ejercer el derecho a la información, debido a la forma de organización del Estado, donde existe una delimitación y respecto de ámbitos de competencia tanto de la Federación como de las entidades federativas y los municipios.

“El consenso por adecuar el derecho a la información a una nueva realidad y pluralidad política existente en nuestro país, ha generado consensos en todos los ámbitos de gobierno, e inclusive de la propia sociedad, al grado de que recientemente se ha presentado una propuesta proveniente de gobernadores de las principales fuerzas políticas del país, a efecto de establecer principios mínimos e iguales observables en todo el ámbito federal”, argumenta la iniciativa.

En el texto se detalla que el acceso a la información será observable en todo el territorio nacional, bajo los principios de claridad respecto de que toda la información es pública y sólo por excepción será reservada; que no existen derechos ilimitados y se protege la intimidad de las personas.

Además, establece dar efectividad al ejercicio del derecho a la información a través de la obligatoriedad de establecer procedimientos sencillos para su entrega; establecer como graves las conductas de servidores públicos que atenten contra el ejercicio del derecho a la información, así como la existencia de archivos administrativos actualizados y confiables.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.

SHH