En cinco años de gestión, la Secretaría de la Función Pública ha aplicado 33 mil 294 sanciones administrativas para 25 mil 937 servidores públicos y formuló 87 denuncias penales, informó su titular, Eduardo Romero Ramos.

Al reunirse con la Comisión Especial de la Función Pública de la Cámara de Diputados, el secretario indicó que la dependencia a su cargo ha realizado 29 mil 503 auditorías, con 24.4 por ciento del total del presupuesto de la dependencia, las cuales derivaron en 87 mil 238 observaciones.

Detalló que de 2001 al 2005, la Auditoría Superior de la Federación realizó ocho mil 153 observaciones al Ejecutivo Federal, solventando el 85.6 por ciento de éstas, al tiempo que se obtuvieron recuperaciones por 31 mil 988 millones de pesos, derivadas de las intervenciones directas de los órganos internos de control.

Abundó que desde que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, aprobada por el Congreso de la Unión en 2002, han atendido más de 115 mil requerimientos de información, “demostrándose de esta manera la madurez y el interés de los mexicanos en intervenir en los asuntos públicos que les atañen e interesan”.

Señaló que otra de las estrategias de gobierno es la vinculación con la sociedad y sus organizaciones, con el objetivo de crear conciencia en los ciudadanos sobre los costos de la corrupción.

“El Gobierno de la República se ha propuesto mantener en la agenda de la preocupación de la sociedad mexicana (…), el tema de la transparencia, (…) el tema del combate a la corrupción como un gran mal que afecta el buen funcionamiento de la sociedad y la competitividad de México como país en el contexto mundial”, indicó.

El funcionario sostuvo que la Secretaría de la Función Pública ha suscrito diversos convenios de colaboración con empresas, instituciones académicas y organismos no gubernamentales para impulsar la instrumentación de programas de integridad y códigos de conducta.

Romero Ramos indicó que entre los avances significativos, en los cinco años de gestión, están la conformación del Programa Nacional de Transparencia y Combate a la Corrupción, así como la creación de la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal.

Respecto al Servicio Profesional de Carrera, sostuvo que no se trata de una reforma de Estado, sino una propuesta del Ejecutivo Federal, que ha permitido que todas las contrataciones de personal de mando, en las 76 instituciones sujetas a dicha ley, se realicen mediante convocatorias públicas que han dado como resultado tres mil 562 concursos.

Apuntó que se han mejorado y simplificado 406 trámites, así como el portal Compranet, donde los ciudadanos pueden conocer los mil 690 trámites y servicios que ofrece el gobierno federal.

Por último, señaló que de 2001 a 2004 se eliminaron de la nómina federal más de 168 mil plazas administrativas, las cuales se transfirieron a plazas de médicos, maestros, policías y enfermeras.

Por su parte, el diputado Víctor Hugo Islas Hernández (PRI), presidente de la Comisión Especial de la Función Pública, destacó la importancia de esa secretaría para profesionalizar el desempeño y disminuir la corrupción.

Denunció el poco trabajo en el Servicio Profesional de Carrera y la confusión e inconformidad en la sanción impuesta a la ex coordinadora de Protección Civil, Carmen Segura Rangel, y demás involucrados en el desvío de recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden).

Ante ello, el funcionario detalló que encontraron daños patrimoniales contra el Fonden del orden de 1.7 millones de pesos, por los que se sancionó a Segura Rangel.

A pregunta expresa de la diputada Beatriz Mojica Morga (PRD) respecto al presunto tráfico de influencias por parte de los hijos de Marta Sahagún, Romero Ramos dijo que la dependencia a su cargo entregó, oportunamente, a la Comisión Especial que Investiga la Legalidad de los Contratos Celebrados por Construcciones Prácticas la información que le solicitó sobre algunas compañías, pero no hay documentación concreta que involucre a sociedades en que los Bribiesca aparezcan como accionistas.

“Alguien más puede decir ‘hay la sospecha’. Como en los documentos no aparece y constituyen pruebas plenas, documentos notarizados y suscritos públicamente. No tenemos más información que la entregada”, afirmó.

Señaló que la secretaría a su cargo no tiene atribuciones para revisar o auditar las actividades entre particulares, sólo cuando hay una relación concreta y directa con el gobierno.

Indicó que la Comisión Especial que investiga el caso deberá elaborar sus conclusiones y estarán atentos ante la petición de revisiones específicas sobre el caso, en el “ambiente y ánimo de colaboración de poderes”.

Por otra parte, Mojica Morga precisó que no sólo debe haber “casa de cristal” en la administración pública para inhibir la corrupción y las malas prácticas, sino el compromiso de rendir cuentas claras.

Puntualizó que, contrario a lo referido por Romero Ramos, hubo un aumento de 24 mil 710 nuevas plazas, con un costo que pasó de 77 mil millones de pesos en el 2000 a 113 mil millones de pesos en 2005.

Manifestó la preocupación de su Grupo Parlamentario ante “la simulación que en muchas áreas del Servicio Profesional de Carrera existe”, y detalló dos casos: el otorgamiento de una plaza en el Instituto Nacional para el Fortalecimiento del Federalismo mediante un presunto tráfico de influencias; y el segundo, que muchos currículos de personas que desempeñan un cargo de alto nivel en la Secretaría no aparecen en la página de internet.

“Yo creo firmemente que nuestro país saldrá adelante cuando se profesionalice en serio, pero muy en serio, la administración pública. Cuando basas los méritos y la experiencia, pero no sólo en el papel que usted nos ha expuesto (…), sino en la práctica”.

SH