El Parlamento Centroamericano (Parlacen) expresó su “enérgico rechazo” a la Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de Inmigración Ilegal (Hr 4437), aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 16 de diciembre pasado, “por constituir un instrumento violatorio de los derechos humanos universalmente tutelados”.

En el documento aprobado por el Parlacen se establece el respaldo al Punto de Acuerdo aprobado el 21 de diciembre pasado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de México, en el cual también se rechaza de manera enérgica la iniciativa de la Cámara de Representantes.

El presidente del Parlacen, Julio Palacios Sambrano (Panamá), entregó al presidente de la Cámara de Diputados de México, Heliodoro Díaz Escárraga, una copia del acuerdo aprobado el miércoles pasado en Guatemala, sede de ese organismo regional integrado por legisladores de seis países.

Díaz Escárraga se reunió este lunes con Palacios Sambrano en la ciudad de Guatemala, quien invitó al diputado mexicano a la Cumbre Internacional de Presidentes de Parlamentos de Integración, que se llevará a cabo el próximo 26 de junio en un lugar por definir.

A ese encuentro asistirán dirigentes de los parlamentos de Europa, América Latina (Parlatino) y Centroamérica (Parlacen), así como de las naciones que integran los grupos Andino y Mercosur, para discutir, entre otros aspectos, el tema migratorio.

Los legisladores de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, que integran el Parlacen, instaron al Senado de Estados Unidos a que elimine de la iniciativa HR 4437 las disposiciones que criminalizan la migración y violan los derechos humanos de los migrantes.

También se pronuncian por eliminar la construcción “del ignominioso muro en cuatro estados fronterizos con los Estados Unidos Mexicanos”.

Aseguraron que esas medidas “no abonan en nada al fortalecimiento de la necesaria cooperación que debe existir entre Estados Unidos de América y los países de América Latina, para enfrentar con posibilidades de éxito las nuevas amenazas a la seguridad y consolidación del proceso democrático de nuestro hemisferio”.

Se pronunciaron por impulsar las acciones que permitan influir directamente para que esa Ley no sea aprobada en el Senado estadounidense e hicieron un llamado a instituciones de derechos humanos, activistas a favor de migrantes, grupos políticos, congresos y asambleas legislativas de la región, para que se unan a la estrategia de trabajo que será presentada por el Parlacen.

Plantearon fortalecer el proceso de cabildeo con el objeto de incidir en la opinión del Senado estadounidense, “enarbolando el derecho a la libertad, a los derechos humanos y a la convivencia armónica de los pueblos”.

“Rechazar el argumento antiterrorista asociado al control de la inmigración ilegal tal y como aparece en la Ley Sobre Seguridad Fronteriza”, señala el texto aprobado por el Parlamento Centroamericano.

Se solicita a las autoridades de Estados Unidos que continúen brindando el trato preferencial que mediante los TPSs dan a los migrantes de los países de la región, concediendo beneficios similares a los migrantes de Guatemala.

El Parlacen se pronunció porque las acciones que desarrollen los Estados Unidos para enfrentar la problemática de los migrantes, independientemente de su condición migratoria, deben adoptarse en el contexto del pleno respeto a los derechos humanos y el ordenamiento jurídico internacional existente sobre la materia.

También consideró que un plan de deportación masiva de los más de 12 millones de indocumentados que se encuentran en Estados Unidos impactaría negativamente en los países de la región, ya que la gran mayoría son de origen mexicano, centroamericano y dominicano.

Señala que la aprobación de esa Ley incidiría directamente en las economías de los países de América Central, ya que actualmente reciben cada año más de seis mil millones de dólares por el envío de remesas familiares.

La resolución del Parlacen fue remitida al Congreso de Estados Unidos, al Departamento de Estado de ese país, al Congreso mexicano, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA, la ONU y a los parlamentos Europeo y Latinoamericano, así como a las Procuradurías de Derechos Humanos de la región y a la Federación Iberoamericana de Ombudsman.

JGM