Diputados del PRI, PRD y Convergencia coincidieron en que existe tráfico de influencias en el caso de la empresa Construcciones Prácticas y exhortaron al Ejecutivo y a las autoridades correspondientes a analizar la información y actuar en base a la Ley.

La diputada perredista, Malú Mícher Camarena, dijo que el informe contiene recomendaciones para que se audite a organismos como el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Fovissste, Nafinsa, Sociedad Hipotecaria Federal y Aduanas, ya que, en algunos casos no obtuvieron la información solicitada o ésta se entregó de forma incompleta.

“La Comisión está encargada de dar cuenta de los hechos, a quien le toca aplicar el Derecho es a la autoridad correspondiente”, señaló.

Sofía Castro Ríos, diputada priísta, indicó que en el caso de la vivienda, destaca el crecimiento acelerado de ocho constructoras legalmente constituidas en la actual administración, con Miguel Koury y Manuel Bribiesca como socios, así como la participación del Infonavit, Fovissste, IPAB, Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal.

Castro Ríos mencionó que otra de las conclusiones es una segunda línea de investigación, que involucra a PEMEX y al Hospital San José, en donde también se aprecia la injerencia de la familia presidencial.

En el caso de aduanas, dijo que se quebrantó la Ley al otorgarle donaciones a la Presidencia de la República, sin estar autorizado para ello, y que el asunto será turnado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que audite, fiscalice y entregue los resultados.

Por su parte, Jesús González Schmal (Convergencia), señaló que sí hay presunción de que Manuel Bribiesca está comprometido en conductas tipificadas como delito, entre ellas tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dijo que ante dicha presunción se obligaría a la Procuraduría General de la República (PGR) a abrir una averiguación previa.

“Aún no habiendo denuncias, la Ley Orgánica de la PGR obliga al procurador de justicia, en conocimiento de delitos de daño nacional, a perseguirlos de oficio. (…) Por lo tanto, sí le vamos a dar parte al Presidente de la República, él, obligatoriamente, tendrá que trasladar a la PGR los hechos”, refirió.

Sin embargo, precisó que el Presidente Vicente Fox tiene posibilidades de encubrir a sus hijos, por la relación familiar y no se le puede acusar de este delito.

“Por eso fue tan fácil que el Presidente se expresara así, porque de otra manera es encubrimiento”, apuntó.

En tanto, el diputado Federico Döring Casar (PAN) indicó que sí participarán en la reunión donde se votará el dictamen final, pero que “si dicho informe está completamente alejado de la realidad, con más consignas políticas que información objetiva y real, evidentemente no lo vamos a poder validar”.

Reiteró que la Comisión, con el aval, de la oposición, contrató un despacho, el cual concluyó que no hay elementos de delito que puedan, de manera fehaciente, acreditarse a Manuel Bribiesca.

El documento será sometido a votación por todos los diputados que integraron la Comisión Especial y se entregará a la Junta de Coordinación Política.

BL/SH