Diputados del PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia se pronunciaron porque el Gobierno Federal lleve a cabo una investigación de manera “inmediata”, a fin de esclarecer el desalojo de funcionarios cubanos el pasado viernes en el hotel María Isabel Sheraton en la capital de la República.

Al fijar posicionamiento, el diputado José Rangel Espinoza (PRI) dijo que la expulsión de los ciudadanos cubanos “es el resultado de la política errática, entreguista a los intereses económicos que están mas allá de nuestras fronteras”.

“Es un asunto político y de la forma en que en el Poder Ejecutivo ejerce el mandato popular”, refirió.

Indicó que el gobierno federal no entiende que no sólo tiene vecinos en el norte, sino también en el sur, tal es el caso Cuba.

Precisó que este tema tiene un aspecto jurídico al violar leyes federales y locales.

El integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (PAN), señaló que su partido y grupo parlamentario han exigido utilizar las instancias internacionales, como la ONU, para que México se pronuncie contra este tipo de prácticas “injustificables”.

Dijo que nuestro país debe enfatizar las consecuencias de este hecho y hacer valer su soberanía a través de la aplicación de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras.

Indicó que México debe concentrarse en ser una nación con una política exterior independiente, basada en los principios de derechos humanos, democracia y el respeto al derecho internacional.

“No deben permitirse intentos o pretensiones de extraterritorialidad (…). Hay que hacer énfasis en las consecuencias y que la respuesta que da la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene que llegar ya a sus últimas consecuencias”, apuntó.

Al respecto, Pablo Gómez Álvarez coordinador de la bancada del PRD, dijo que este hecho es una violación a la Ley de Protección de Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan el Derecho Internacional.

Pidió al Gobierno sancione a la empresa hotelera, pues consideró que el hotel aplicó una ley con efectos “extraterritoriales”.

La diputada María Ávila Serna (PVEM), calificó el hecho de “inadmisible” y se pronunció porque se realice una investigación “escrupulosa” y de manera inmediata, pues consideró que permitir que se apliquen leyes extranjeras en el país, es un atentado contra la soberanía nacional.

Calificó el incidente de lamentable y pidió al Gobierno actúe con base en las leyes mexicanas.

Aseguró que el hotel violó cuatro leyes, entre ellas: el artículo Primero de la Constitución, la Ley Federal de Turismo, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México.

Por su parte, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo condenó enérgicamente el trato agresivo que sufrió la comitiva de funcionarios cubanos por parte de la gerencia del hotel, así como la tibieza con que el gobierno del Presidente Vicente Fox quiere conducirse en el asunto.

El diputado Amadeo Espinosa Ramos, dijo que el gobierno mexicano está obligado, legal, moral y políticamente a denunciar este hecho, pero también debe de exigir directamente al gobierno del Presidente George Bush no entrometerse “en nuestro territorio, queriendo extender una supuesta ley que únicamente tiene validez para su país”.

Exigió a la Secretaría de Relaciones Exteriores se impongan sanciones previstas en el artículo noveno de la Ley de Protección al Comercio y la Inversión de Normas Extranjeras que Contravengan al Derecho Internacional.

El diputado Jesús González Schmal (Convergencia), calificó el incidente de vergonzoso y dijo que la política exterior norteamericana llegó al extremo al violentar cualquier norma de derecho internacional.

“Es evidente que este precedente tiene que ver ahora con la licencia, con la decisión que tomó el Tesoro norteamericano para disponer a través de una empresa transnacional, del derecho de la aplicación extraterritorial de la Ley Helms-Burton”, apuntó.

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