El diputado panista Rogelio Flores Mejía propuso una adición al artículo 28 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior para auditar a instituciones públicas de educación superior y así evitar la corrupción.

La iniciativa con proyecto de decreto busca eficientar los mecanismos legales para la transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas de educación superior.

En la actualidad, si se quiere saber cómo se aplican los recursos hay que esperar turno de la Auditoría Superior de la Federación “porque según los últimos tres informes de la Cuenta Pública se han auditado sólo 8 de las 38 universidades públicas del país”.

Flores Mejía precisó que aunque se discute que las universidades autónomas están amparadas por una garantía constitucional que hace referencia a la autonomía universitaria, dicho principio no se vulnera con la verificación de la entidad de fiscalización superior, puesto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que esta revisión no significa intromisión en su libertad de autogobierno y autoadministración.

Agregó que la rendición de cuentas es un precepto constitucional que tiene su fundamento en la reforma al artículo 74 de la Carta Magna y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.

El ejemplo más claro de la necesidad de esta adición es el auto de formal prisión dictado al ex-rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, José Francisco Rodríguez, acusado por abuso de autoridad y peculado por más de 25 millones de pesos en perjuicio de esta institución durante su mandato en 2000 a 2004”, señaló.

Destacó que varias universidades públicas han impuesto sus propias leyes de transparencia, mostrando importantes avances, como la UAM y la UNAM, quienes pusieron en marcha “desde el 2003” un proyecto para implementar los dispositivos técnicos y administrativos necesarios para transparentar recursos y otorgar a cualquier persona la información solicitada sobre la institución.

AC