El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó presentar una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el presidente Vicente Fox Quesada por uso indebido de recursos públicos en propaganda gubernamental.

El Punto de Acuerdo propuesto por el coordinador de los diputados del PRD, Pablo Gómez Álvarez, cita que el Primer Mandatario está violando la Ley porque en la publicidad que utiliza habla de programas sociales que no están en operación.

La Ley establece que la publicidad de los programas debe decir la siguiente leyenda: “Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los funcionarios”, leyó el diputado.

Por lo que, agregó, el Primer Mandatario debe abstenerse de violar la Ley, y “no tenemos más medio que la controversia y que la Corte decida, que predomine la Ley por encima de la acción ilegal del Presidente”, aseveró.

Consideró que es correcto que los programas sociales se informen ante la comunidad nacional sin promover la personalidad de los funcionarios, porque parece que los funcionarios están dando lo que no es suyo. Todos los gobernadores lo hacen, todos, sin excepción, lo cual está mal y deberían las leyes de los estados prohibirlo como lo establece la Ley de Desarrollo Social que expedimos.

Para hablar en contra de la proposición subió a tribuna Juan Molinar Horcasitas (PAN) quien dijo que su fracción no se opone al uso de los instrumentos constitucionales que sirven para dirimir diferencias entre los Poderes de la Unión, y la controversia constitucional es uno de ellos.

Sin embargo, agregó, sí nos oponemos a que se utilice a partir de premisas falsas, de argumentos falaces y de señales claramente hipócritas de un partido que se niega, cuando es gobierno, a ejercer el menor acto de transparencia, al que debería estar obligado.

Todos sabemos que el Gobierno del Distrito Federal ha mantenido en la reserva los más elementales datos del uso de los recursos públicos en esta ciudad capital, enfatizó el diputado.

En amplio contraste con esa política hipócrita y de reserva, cualquier ciudadano mexicano, no solamente cualquier diputado o diputada, puede conocer y cada uno de los beneficiarios de los programas del Gobierno Federal, sin excepción en un acto de transparencia.

Al tiempo que pidió a Pablo Gómez, que explique ¿por qué el gobierno de su partido en el Distrito Federal sigue siendo el enemigo número uno de la transparencia en este país; por qué Andrés Manuel López Obrador jamás estuvo dispuesto a informar ni siquiera de sus gastos publicitarios, y por qué se opuso a la Ley de Transparencia en el Distrito Federal?

Al hacer la réplica, Gómez Álvarez respondió: cuando la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reciba la Cuenta Pública correspondiente al 2005, todos los gastos que haya hecho el Gobierno de la Ciudad, serán registrados en esa Cuenta Pública; y si no fuera así, la propia Asamblea y la Contaduría Mayor de Hacienda deberían penalizarlo. Esa es mi posición y es la posición de mi partido. Y seguiremos luchando por la transparencia.

Jorge Triana Tena (PAN) señaló que es una real y verdadera oda a la incongruencia del PRD la presentación y exigencia y cumplimiento de este punto de acuerdo.

Porque, recordó, el año pasado presenté un punto de acuerdo muy similar al que se presenta hoy y Pablo Gómez Álvarez subió a fundamentarlo en contra.

Clara Marina Brugada Molina (PRD) señaló que el problema es que el presidente Vicente Fox está utilizando los spots publicitarios de los programas sociales, para tratar de influir de manera política y hacer lo que no puede realizar su partido.

Por eso, añadió, es tan importante que hoy podamos aprobar, interponer esa controversia constitucional y lograr que suspenda de inmediato la manera como está informando a la población acerca de los programas sociales.

“Aquí no se trata que el Gobierno Federal no informe sobre los programas sociales. Es una obligación y lo tiene que hacer”. Lo que se trata es de que la difusión que se dé a los programas sociales sea respetando las leyes y los decretos que expide esta Cámara de Diputados, finalizó.

DJ