Emilio Chayffet Chemor, presentó a la Junta de Coordinación Política la solicitud, avalada por más de 180 firmas, para la reinstalación de la Comisión encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados a la empresa Construcciones Prácticas.

El coordinador de la bancada priísta explicó que dicha Comisión se constituirá con idéntico propósito y conformación, en número de diputados por partido a la que se tenía anteriormente, que expiró el pasado 31 de diciembre.

Agregó que la propuesta del PRI es que sea un diputado del PRD quien la presida y que la composición de los demás integrantes la decidirá cada partido.

Al respecto, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, José González Morfín indicó que objetó la legalidad de la integración de la Comisión, por considerar que ésta es “absolutamente inconstitucional”, ya que la Cámara de Diputados no tiene atribuciones para investigar a personas.

“El artículo 93 constitucional, en el que tratan de fundamentar (la reinstalación de) la Comisión, no le da a la Cámara de Diputados ninguna atribución para investigar personas; estoy convencido de que estamos obligados a actuar en la legalidad; ni el PAN ni la bancada vamos a defender a persona alguna, lo que vamos a defender es la legalidad”, subrayó.

Aseguró que el motivo de la reinstalación de la Comisión es electorero, y que si alguien tiene elementos que prueben el presunto tráfico de influencias de Manuel Bribiesca debe de presentar una denuncia, y que sean las instancias correspondientes las que sigan con la investigación.

Indicó que la posición del PAN se discutirá al interior de la bancada en la reunión plenaria que se llevará a cabo la próxima semana.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Pablo Gómez Álvarez señaló que la solicitud presentada cuenta con más de las 125 firmas requeridas por la Constitución y lo que está pendiente son los nombres de los diputados que integrarán la Comisión.

Al ser cuestionado sobre la presidencia de Martha Lucía Mícher Camarena, el legislador perredista manifestó que lo que diga su grupo parlamentario “es lo que se va a hacer”.

Sobre la inconstitucionalidad señalada por González Morfín, Pablo Gómez explicó que el documento autógrafo sólo tiene que presentarse a la presidencia de la Junta de Coordinación Política para su cotejo y ésta, a su vez, lo remitirá a la Secretaría General de la Cámara de Diputados, donde obran las 500 firmas de los legisladores.

Aclaró que la actividad de las Comisiones investigadoras constitucionales es de carácter político, y no una función jurisdiccional, que forma parte de las políticas de control sobre el Ejecutivo, para que éste pueda “poner orden” o corregir anomalías.

Asimismo, afirmó que la Comisión investigará organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en sus relaciones con algunos particulares y en posibles actos de tráfico de influencias.

La vigencia de la Comisión concluirá el 31 de agosto, cuando termine la presente legislatura y será en la sesión del próximo martes cuando se dé cuenta al Pleno la proposición para su integración.

BL