Con 373 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados acordó solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que investigue la presunta violación de las garantías individuales en la detención de la periodista Lydia Cacho, así como la probable participación del gobernador de Puebla, Mario Marín, la procuradora de Justicia de esa entidad, Blanca Laura Villeda, y la juez de la causa, Rosa Celia Pérez, en los hechos.

Al subir a tribuna para exponer el punto de acuerdo presentado por su partido a la Junta de Coordinación Política, el diputado Pedro Vázquez (PT) señaló que las autoridades de Puebla cometieron graves violaciones en la detención de la comunicadora e indicó que los órganos actuaron por consigna, violentando el orden jurídico previsto en la Constitución.

“El gobernador determinó la culpabilidad de Lydia Cacho sin que mediara proceso penal alguno. Se sujetaron los órganos jurisdiccionales a la consigna política y actuaron de manera parcial”, precisó.

Indicó que el mandatario local actuó como “personero del empresario Kamel Nacif” poniendo en entredicho la imparcialidad del Poder Judicial de Puebla, así como la vigencia y el respeto a las garantías individuales.

“Que la Suprema Corte intervenga y se deslinden las responsabilidades. Basta ya que desde el Poder Ejecutivo Estatal se tire línea para que los hechos se ajusten al deseo del gobernante y con ello la justicia se aplique de manera facciosa”, dijo.

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Pablo Gómez, confió en que el resultado de la investigación de la SCJN no termine como el caso de Aguas Blancas, donde el gobernante responsable se separó del cargo por voluntad propia, sin ser sometido a un procedimiento de carácter jurisdiccional.

“El estado de la impunidad es producto de la inmadurez de la democracia o de la ausencia de la democracia. El estado de la impunidad es contrario a la República y recuerda los privilegios de las viejas monarquías”, refirió.

Pidió a todas las bancadas abrir juicio político contra Marín, pues el Poder la Unión debe ejercer las facultades que le asigna la Constitución, “ya que renunciar a ejercer dichas facultades es en sí misma una transgresión del texto constitucional de los deberes que el pueblo le ha concedido al Congreso de la Unión”.

“El señor Marín, después de lo que hemos conocido, no puede seguir siendo gobernador porque perjudica a los poblanos, a la República y la Federación”, subrayó.

Rogelio Alejandro Gómez Mejía (PAN), dijo que el mandatario intentó convertir a la Cámara de Diputados en una “de las fuerzas oscuras y ocultas”, lo cual es equivocado, ya que “los poblanos nos encontramos indignados y avergonzados con la República por la falta de carácter, valores y sensibilidad de nuestro gobernador”.

Se pronunció a favor del juicio político contra Marín, pues, dijo, no sólo se trata de los derechos humanos y la libertad de expresión, sino del atentado contra la dignidad de menores de edad, además de pedir la renuncia del mandatario.

“Señor gobernador, no se equivoque, no hay fuerzas oscuras que estén atentando contra usted, fue usted quien provocó esta situación en Puebla, la República y más allá de nuestras fronteras”, añadió.

Carlos Flores Rico (PRI), a nombre de su fracción, apoyó el punto de acuerdo, pero, señaló, “no por el escarnio, el oportunismo, la contienda electoral, la venganza o un fin mórbido, sino por valores superiores a ello y que tienen que ver con la ética, el comportamiento serio y honesto de la política”.

“La cámara debe ejercer su papel, que es demandar a la corte que supervise, revise, verifique y juzgue si alguna garantía de la compañera periodista ha sido violada y, si así ha sido, que la ley se cumpla y que se obre en consecuencia, pero si no (…) que se reivindique la libertad, la legalidad y los valores de la conciencia política”, afirmó.

Jesús González Schmal (Convergencia), subrayó que el objetivo de la investigación es lograr “justicia en este deleznable y terrorífico caso de colusión de dos poderes de Puebla”.

“Hay una oportunidad de que la impunidad no se consagre, una vez más, en nuestra vida institucional para permitir que estos actos se multipliquen en los tiempos venideros”, apuntó.

Previo a la sesión, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Emilio Chuayffet Chemor, se manifestó porque la corte atraiga el caso, ya que “ésta es el órgano judicial más alto del país”.

Por su parte, José González Morfín, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, indicó que “ojalá ello trajera aparejado una decisión del gobernador de separarse de su cargo para permitir que la investigación se realice en los mejores términos”.

SH