El secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, se comprometió a promover un proceso de sucesión armónico y ordenado con el equipo del candidato que resulte ganador de las elecciones presidenciales del 2 de julio, “sea del partido que sea”.

“Que no quepa duda, el Gobierno de la República reconocerá y aceptará los resultados de las elecciones como la expresión de la voluntad ciudadana”, precisó.

Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, señaló que el Gobierno Federal confía en que la contienda electoral se desarrolle bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, bajo la conducción del IFE.

Dijo que para apoyar el correcto desarrollo del país en tiempos electorales y fomentar un clima de gobernabilidad, se han impulsado acuerdos y compromisos para fortalecer las instituciones electorales y la contienda.

Sobre la difusión de la publicidad gubernamental, Abascal Carranza refirió que ante la omisión en la inclusión de leyendas previstas en la ley, el Gobierno Federal modificó el pasado jueves sus spots, para cumplir con la Ley General de Desarrollo Social y el Decreto de Presupuesto de Egresos.

“El Gobierno Federal reitera su compromiso con la legalidad e imparcialidad, de cara al proceso electoral que estamos viviendo”, subrayó.

Indicó que tras la controversia constitucional interpuesta por la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a la interpretación del párrafo segundo del artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos, el Ejecutivo Federal retiró todos los spots que motivaron el diferendo.

“El Gobierno Federal (…) acatará la resolución definitiva que en su momento dicte la Corte, cuando resuelva el fondo de la controversia. Lo anterior, evidencia una vez más, la convicción democrática del gobierno del presidente Vicente Fox de hacer valer el Estado de Derecho”.

Respecto de las grabaciones telefónicas difundidas en los medios de comunicación, entre ellas la del gobernador de Puebla, Mario Marín, indicó que “violan la privacidad de las personas, consagrada en el artículo 16 constitucional”, por lo que las autoridades correspondientes ya proceden conforme a Derecho.

Manifestó que dichos actos merecen “nuestro rechazo total”, ya que, dijo, la democracia que construimos debe cimentarse, siempre, bajo el principio de legalidad.

“Actos como éstos no pueden seguir rompiendo los cauces del Estado Derecho. Hemos reiterado que es fundamental que la disputa de fondo, a la que se refieren estos hechos, se desahogue en el mismo marco de Derecho”.

SH