El Secretario de Gobernación Carlos Abascal Carranza negó ante diputados que haya existido la intervención del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el caso del Gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y se comprometió “hasta las últimas consecuencias” indagar al respecto, “porque así lo exige el Estado de Derecho y la ciudadanía”.

Durante su comparecencia ante legisladores sobre el tema, dijo que el Cisen se dedica a trabajar manejando información para crear condiciones para la toma de decisiones respecto de fenómenos que puedan poner en peligro la seguridad nacional.

Afirmó que ese organismo no hace investigaciones judiciales y que esto corresponde a la Procuraduría General de la República en el ámbito Federal.

“El Cisen no hace pesquisas gratuitas porque es inconstitucional, todos sabemos que para que proceda una causa penal se necesita, la querella que es un requisito de procedibilidad o bien la denuncia o acusación directa”, aclaró.

Consideró al espionaje telefónico como un delito y por ello indicó que no debe de darse validez jurídica a una información obtenida de manera ilegal.

“No es el objetivo del Cisen, como órgano de Estado, dar información sobre muy diversas circunstancias que pueden entrañar un riesgo para la seguridad nacional”, agregó.

El funcionario se pronunció porque se fortalezcan las leyes e instituciones para que cuenten con mayor eficacia para sancionar este tipo de delitos y cuenten con los instrumentos que permitan detectar quién o quiénes realizan estas actividades.

óla Procuraduría General de la República y la del Estado de Puebla que en el marco de la ley contra el crimen organizado hagan las investigaciones correspondientes y expresó su confianza en que estas dependencias “pongan en conocimiento sus resultados a la brevedad posible”.

“Este tipo de conductas debe ser perseguidas con toda la fuerza del Estado, más allá de juzgar sobre los contenidos de las grabaciones”, agregó.

Por su parte, diputados de Convergencia y PVEM demandaron el titular de la segob investigar el origen de las grabaciones en las que está involucrado el Gobernador de Puebla Mario Marín Torres y pidieron den a conocer los nombres de los responsables.

El coordinador de la bancada de Convergencia Jesús Martínez Álvarez afirmó que el “episodio” del gobernador poblano no implica sólo una llamada telefónica, sino una llamada de atención para el Estado Mexicano.

Señaló que al menos existen dos vertientes en este hecho: la conversación en sí, que es una radiografía de los abusos que pueden cometerse desde el poder, y su intervención y grabación y la de la impunidad para quienes se dedican a grabar conversaciones privadas.

El diputado Jorge Legorreta Ordorica (PVEM) calificó de ilegal la manera en que los medios de comunicación dieron a conocer las grabaciones entre el gobernador de Puebla y el empresario Kamel Naciff, asimismo, pidió que este tipo de actos se sancionen ante las autoridades competentes.

Por su parte, la diputada María Ávila Serna (PVEM) dijo que el espionaje telefónico es un delito que daña la privacidad del sujeto para actuar y opinar de manera libre.

Al respecto, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga (PRI) consideró que en la presente administración se han utilizado filtraciones, difusión ilegal de intervenciones telefónicas así como la exhibición de videos a través de los medios de comunicación para desprestigiar y eliminar al adversario político.

¿Hasta cuándo quedará claro el papel del Gobierno en las intervenciones telefónicas?, ¿qué se ha hecho, de no ser el Cisen, la AFI o la Secretaría de Seguridad Pública, los autores de las filtraciones en los más sonados casos para sancionar a los verdaderos autores?, ¿quiénes son los responsables, no lo sabe el Gobierno?, cuestionó el diputado priísta.

MB/DJ