Funcionarios, artistas y académicos se pronunciaron por impulsar una cultura política para, de esta manera, dar paso a una Ley de Cultura que dé certidumbre jurídica a las instituciones que la nación demanda.

Inti Muñoz Santini (PRD), integrante de la Comisión de Cultura, presidió la mesa de trabajo denominada Presente y futuro de la cultura como política de Estado en México, en la que intercambiaron opiniones sobre la Ley de Fomento y Difusión de la Cultura, promovida por el Ejecutivo en septiembre pasado.

Sergio Raúl Arroyo, ex Director General del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) consideró que la nueva Ley de Cultura intenta formalizar la intervención del CONACULTA para autorizar los programas académicos y administrativos, que son facultad de los Institutos, así como centralizar el presupuesto asignado por la Cámara de Diputados.

“Se trata de asumir un control absoluto que carece de asideros académicos y legales, que pone sobre todos los intereses aquellos que no pertenecen a la propia tradición técnica y académica”, subrayó.

Agregó que el problema no radica en la formulación de nuevas líneas de mando, sin embargo, se debe convocar a la discusión abierta; además de la necesidad de revisar las facultades y funciones del organismo, para determinar si le asisten razones estructurales a fin de subordinar en su ámbito a dichos organismos.

Por su parte, Lucina Jiménez, ex Directora General del Centro Nacional de las Artes, urgió a reparar la problemática cultural del país, ya que la confusión y falta de consensos frente a las prioridades de políticas culturales pueden tener consecuencias para el futuro de la nación.

“Frente al debilitamiento del Estado en el proceso social y económico, la desregulación y omnipotencia del mercado, la debilidad del espacio civil y la cuestión indígena no resuelta, necesitamos replantear el lugar del Estado en la cultura.”, abundó.

Estimó que la nueva orientación de las políticas debe orientarse a la reconstrucción de espacios públicos de la cultura, a través de una visión fundada en el conocimiento de los campos artísticos, de las industrias culturales, de la educación artística y la comunicación de la cultura.

Roberto Vázquez Díaz, Secretario de Cultura de San Luis Potosí, se pronunció por terminar con la centralización de la toma de decisiones de interés nacional, argumentando que instancias federales como el INAH, INBA y CONACULTA, originaron que los gobiernos locales se “desentendieran” de la responsabilidad de preservar el patrimonio cultural.

“Se requiere la transformación de las instituciones, de sus políticas, sus programas y sus acciones”, señaló.

Reiteró que México es un país de gran diversidad cultural, en donde la variedad de las manifestaciones culturales sirve de vínculo, medio de comunicación y goce colectivo, sin embargo, esta riqueza se ve disminuida por un centralismo incapaz de reconocer lo que sucede más allá de la capital.

Eduardo Nivón, Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, reconoció la actuación del CONACULTA como la consolidación de un sistema de fomento cultural en la calidad de los proyectos y la elaboración de planes en los que ha tratado de ordenar jerárquicamente acciones y estrategias para definir los principios de las políticas culturales del país.

Sin embargo, cuestionó la capacidad del organismo para conducir la transformación de su propia definición institucional, su actuación lenta y poco clara en algunos temas y el desconocimiento del trabajo de los artistas, creadores e industrias culturales.

Reprobó que las políticas culturales estén caracterizadas por un exceso de sectorización, generando lógicas aisladas en cada ámbito de la cultura; urgió a procurar que el Estado actúe en la materia desde una perspectiva transversal y no sectorial.

Los legisladores perredistas Marbella Casanova Calam e Inti Muñoz Santini se comprometieron a analizar las propuestas y argumentos presentados para no legislar “al vapor” el debate.

BL