El próximo jueves los diputados perredistas Inti Muñoz Santini y Beatriz Mojica Morga ratificarán la denuncia en contra del Gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, una vez que hayan recabado los elementos necesarios para ampliar la indagación, anunciaron en conferencia de prensa.

Luego de las recientes declaraciones hechas por el Procurador General de la República, Daniel Cabeza de Vaca, en donde señala que no se ha hecho la ratificación de la denuncia, los diputados explicaron que apenas ayer se les notificó que la denuncia se había asignado al fiscal especial que dará atención a los periodistas, David Vega Vera.

“Nos hemos puesto ya en contacto con el fiscal, y el próximo jueves vamos a ratificar la denuncia, porque estamos también recabando pruebas”, abundaron.

Los legisladores manifestaron su preocupación ante el señalamiento del Procurador en torno a que no se presumían delitos federales, salvo el origen de las grabaciones, y aclararon que acudieron a la PGR porque desde su punto de vista éstos sÍ existen.

“Está clarísimo que en el caso de Lydia Cacho hay delitos federales: abuso de autoridad, cohecho, colusión de servidores públicos, privación ilegal de la libertad, obstrucción de la justicia o distorsión de la aplicación de la misma; eso es algo que tendrá que valorar el Ministerio Público Federal”, indicó Muñoz Santini.

Los diputados rechazaron la posibilidad de que la PGR estuviera encubriendo a Mario Marín e informaron que solicitarán al fiscal que sea esta dependencia la que siga las investigaciones y que cumpla su papel, porque existen serias dudas sobre la imparcialidad en el estado para que se prosiga con la investigación.

“Sería una incoherencia enviar el expediente de la PGR a Puebla, porque justamente la Procuradora está involucrada en el caso, ella misma declaró que no notificó a Lydia Cacho y aceptó que hubo irregularidades en el proceso”, señaló Mojica Morga.

Ante el cuestionamiento de la ilegalidad de las grabaciones, Muñoz Santini aseguró que buscan un sustento jurídico sólido y que de confirmarse la veracidad de las conversaciones telefónicas, se debe de considerar el contenido como un indicio.

“El interés del grupo parlamentario del PRD es que este caso no quede impune, la bancada irá hasta el fondo, no solamente en el terreno de la demanda judicial que hemos impuesto, sino también en la vía de juicio político solicitado y en la vía que la Suprema Corte de Justicia debe jugar en todo esto”, aseguraron los legisladores.

La investigación estará bajo la responsabilidad de la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Periodistas y los legisladores analizan la posibilidad de atraer los 19 casos de periodistas asesinados durante la presente administración.

BL