(material embargado de domingo para lunes)

Diputados del PRI, PAN y PRD se pronunciaron en la necesidad de reglamentar de manera clara y precisa la legislación en programas sociales, a fin de impedir que se estén utilizando “políticamente” y procurar que nadie tenga resquicios para poder evadir la Ley, ya que este tema no sólo es una cuestión federal, sino también estatal.

En el debate, que se difunde en el programa semanal de televisión “Frente a las Cámaras”, los legisladores abordaron este tema que surgió luego de que esta soberanía acordó presentar una Controversia Constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del Ejecutivo Federal por la difusión de spots publicitarios en televisión, radio y prensa, en los que se promocionan programas sociales en época electoral.

Pidieron se abunde en el tema, reglamentarlo de forma más extensa ya que las disposiciones de tipo electorales están sustentadas “en la desconfianza y no en el hecho del ejercicio ético del poder”.

En esa lógica, aseguraron que si bien existen las reglas y los elementos suficientes en este tema, señalaron que hace falta legislar para hacer cumplir la Ley.

A nombre de la fracción parlamentaria del PAN, el diputado Jorge Triana Tena dijo que su partido esperara a la resolución que emita la Corte, toda vez que el retiro de los anuncios publicitarios es de manera provisional.

Por su parte, legisladores del PRI y PRD afirmaron que no esperaran a la sentencia del Máximo Tribunal, ya que indicaron que el Presidente Fox Vicente violó el artículo 55 fracción primera del Decreto de Presupuesto de Egresos 2006 y el artículo 28 de la Ley General de Desarrollo Social, al utilizar frases y palabras en sus spots alusivas a cuestiones políticas.

El panista Jorge Triana Tena, responsabilizó a los legisladores sobre este tema al no aprobar una Reforma Electoral integral que regule la promoción de los programas y las políticas públicas de los gobiernos ante la ciudadanía en la etapa electoral.

Al respecto, la diputada Clara Marina Brugada Molina (PRD) mostró su desacuerdo y dijo que en la Ley General de Desarrollo Social y en el Decreto de Presupuesto de Egresos quedó estipulado que toda la campaña publicitaria que hiciera el Gobierno Federal para programas sociales tenía que incluir una leyenda en la que se precise que “son apoyados con recursos federales aprobados por el Congreso y no buscan apoyar a partido, funcionario o candidato alguno”.

Consideró un “retroceso” en la transición democrática el que no se tengan las condiciones claras sobre los spots que el Presidente estuvo difundiendo.

Incluso la legisladora dijo tener las pruebas de que en los spots del Ejecutivo Federal la información que se difundía sobre el tema de las pensiones y adultos mayores era falsa.

Pidió a sus homólogos la creación de una Comisión Plural que se encargue de vigilar, que no se utilicen recursos de dichos programas en época electoral.

Aseguró que el secretario de Estado que no respete la ley, se le someta a juicio político a fin de hacer cumplir al respecto.

En su oportunidad, el diputado Enrique Escalante Arceo (PRI) hizo un exhorto a legisladores del PRD y PAN, incluso a funcionarios de su partido, para que se limiten a lo que señala la Ley.

Reconoció que si bien existieron en sexenios anteriores estas prácticas (desvío de recursos de programas sociales), es necesario que se apeguen a las disposiciones legales.

“Ejerzan lo que la ley señala, porque la mejor campaña es ejercer con honestidad sus funciones y transmitir la aspiración de un pueblo representado en hechos de gobierno”, agregó.

Criticó a “determinados” aspirantes a la presidencia al afirmar que “tienen las manos limpias”, pero indicó que “parecen ser aspirantes a la beatificación que a la Presidencia de la República”.

En virtud de lo anterior, dijo que su partido, la militancia del PRI y su candidato presidencial, no tienen la pretensión de solapar el mal ejercicio de nadie, “ni de ningún funcionario, gobernador o si es el caso de algún ex gobernador”.

El legislador mostró su disposición para llevar a cabo las reformas necesarias a objeto de que esta situación no continúe.

MB