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Nota N°. 3402 Proponen realizar reforma integral a la Ley General de Sociedades Cooperativas

El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez (PRD), presidente de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, expresó que se trabaja en realizar una reforma integral a la Ley General de Sociedades Cooperativas que permita la supervivencia de las cooperativas de ahorro y préstamo.

Sostuvo que esta reforma integral se daría independientemente de la Legislación de Ahorro y Crédito Popular, ya que ésta no es una reglamentación para cooperativas sino para el sistema financiero nacional.

Durante su ponencia en el foro “Fomento cooperativo: alternativas para una economía solidaria”, dijo que “no es imposible lograr esta reforma, ya que en países como Perú, Colombia y Bolivia existe esta posibilidad en la legislación y son reconocidas por dar servicios a sus propios socios; urge hacernos responsables de que hay diferentes desarrollos y capacidades por incentivar y apostar”.

Enunció que, desde el punto de vista legislativo, “el artículo 25 Constitucional debería orientar la legislación referente al sector cooperativo particular y el sector de la economía social, para que mediante el poder legislativo se promueva su autonomía e independencia, así como el pleno ejercicio de la democracia e integración cooperativa”.

El legislador se pronunció en favor de pugnar porque el Estado asuma su responsabilidad frente a este sector de la economía social, “que puede convertirse en un factor de desarrollo y absorber de manera masiva la gran masa de fuerza de trabajo que está desempleada o subempleada para constituirse en un instrumento eficaz en el combate a la pobreza”.

Afirmó que con el agotamiento del modelo económico empleado en nuestro país, aparece un debate en el sector, que tiene que ver con el contenido y la orientación que la nueva legislación del sector cooperativo debe manejar.

La discusión se centra en dos temas:

Uno: La definición de la naturaleza jurídica de las sociedades cooperativas.

Dos: El sistema de relaciones que deben establecerse entre el Estado y las sociedades cooperativas.

AC

 
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