El diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca (PRD), presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, enfatizó la urgencia de normar los criterios para las “universidades patito”, ya que es un “subsector que absorbe a los estudiantes que no tienen dinero para pagar una universidad privada de prestigio y que no tuvieron cabida en la educación pública”.

En mesa de trabajo organizada por la Comisión para discutir las modificaciones a la Ley de Coordinación de Educación Superior, sostuvo que muchas veces, “estas universidades patito, empresas o changarros educativos representan un fraude porque no se cumplen los criterios mínimos formativos; se ha hecho del conocimiento una mercancía”.

El legislador apuntó que este problema se ha ido agudizando, hay que estipular los mínimos requisitos para que no sean fraude, ya que la comisión que representa no se quiere ir sin dejar establecido un sistema normativo de mínimas condiciones educativas que se tienen que cumplir.

Por su parte, Alejandro Gertz Manero, vicepresidente de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) afirmó que es inminente proponer una reforma legislativa que establezca con precisión la obligación que tiene el Estado de rendir cuentas y garantizar la defensa de los intereses de los estudiantes.

Durante su intervención agregó que “el Estado debe responsabilizarse plenamente del establecimiento de métodos de reconocimiento y evaluación que deben normar sus programas en pro de la transparencia y la rendición de cuentas legales”.

Señaló que el estudiantado debe tener certeza en que la carrera que escojan les proporcionará conocimientos necesarios para acreditar el nivel profesional,
“no es justo que 2 de cada 10 egresados de educación superior logran incorporarse en un nivel pleno y satisfactorio a la vida profesional”.

Propuso la creación del sistema Nacional de Acreditación de la Calidad Académica, bajo una normatividad académica general y controlada por una entidad independiente, integrada por la propia comunidad académica, que informará y rendirá cuentas de manera permanente a la sociedad.

El funcionario se mostró a favor del mantenimiento del sistema de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) vigente en la Ley General de Educación, para que a todas las instituciones educativas a nivel nacional les aplique este sistema.
Recordó que cada año ingresan a la primaria dos millones 600 mil alumnos, de los cuales el 20% (490 mil) llegan a la educación superior y de ellos únicamente el 30% (150 mil) la terminan, por lo que es importante legislar para mejorar esta situación.

Julio Rubio Oca, subsecretario de Educación Superior de la SEP sostuvo que hay muchos aspectos que deben ser valorados en las modificaciones a la Ley de Coordinación de Educación Superior, entre ellas destacó que la valoración de la calidad educativa requiere determinar esquemas de evaluación con indicadores objetivo, verificables y cuantificables.

Manifestó que la reforma no prevé ningún criterio sustantivo en la materia, propiciando con ello confusión por contener sólo la intención del legislador para la evaluación de la evaluación, sin determinar cómo se alcanzará esa calidad.

AC