Mario Beauregard Álvarez, Secretario Ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), insistió en que los cuatro procesos de venta de cartera que se adjudicaron a la Empresa Construcciones Prácticas están apegados al marco jurídico de ese Instituto.

“No hubo tráfico de influencias y queda claramente asentado en los datos que presenté, en donde los principales oferentes fueron ellos (Construcciones Prácticas)”, afirmó.

Lo anterior, durante la comparecencia que la Comisión Especial efectuó con el objetivo de ampliar la investigación sobre los procesos de enajenación en que participó la citada empresa, en donde se presumen una serie de irregularidades en la venta de cartera.

En su intervención, la diputada del PRI, Martha Palafox Gutiérrez cuestionó al funcionario quién era el responsable en Bancrecer para autorizar el acceso a las subastas de venta de cartera llevadas a cabo por Fénix y cómo acreditó Construcciones Prácticas la solvencia económica para participar en éstas.

Por su parte, el diputado del PRI, José Porfirio Alarcón Hernández consideró contradictorio que en la práctica Bancrecer tuviera facultades discrecionales para otorgar o negar acceso a las subastas, cediendo beneficios a Construcciones Prácticas.

Marcos Álvarez Torres, diputado del PRD, coincidió con los integrantes de la Comisión al cuestionar sobre la discrecionalidad de Bancrecer para determinar quiénes entraban o no a la subasta.

El funcionario explicó que los activos ya eran propiedad del Instituto, por ello, Bancrecer no tenía injerencia, y señaló que la adjudicación en dos de los procesos los ganó la empresa Construcciones Prácticas al presentar la postura más alta, con un 58 por ciento y 443 por ciento, respectivamente, superior al valor mínimo de venta.

El diputado del PVEM, Jorge Legorreta Ordorica, cuestionó sobre la adjudicación de mil 700 viviendas y del origen de los fondos, que suman 34 millones de pesos, para cubrir el pago de las subastas que se realizaron en un periodo de cuatro meses.

Ante este señalamiento, el funcionario argumentó que las ventas de cartera son créditos que están garantizados con vivienda; en cuanto al monto, indicó que el comprador firmó una carta en donde declara que los recursos provienen de actividades lícitas, y reiteró que el Instituto no tiene facultades para investigar el origen de estos recursos.

Sofía Castro Ríos diputada del PRI, manifestó su inconformidad, calificó la información de “omisa y ligera” y cuestionó el trato privilegiado que se le dio a Construcciones Prácticas para las adjudicaciones.

En su turno, Jesús González Schmal, diputado de Convergencia y presidente de la Comisión, insistió en que no se habían entregado los “libros blancos” que contienen información pública, vital para llegar a una conclusión válida.

Entrevistado al término de la comparecencia, el funcionario consideró que se dio puntual respuesta a todas las solicitudes de información, aclarando que dentro de la información que se entregó a la Comisión se encuentra la que integra “los libros blancos”, a excepción de los datos personales que están protegidos por la Ley de Transparencia.

Consideró que existen temas que ni siquiera están incluidos en la investigación, como es el caso de Bancrecer, sin embargo, dijo, “también se les proporcionó la información”.

“Hay un tema político en medio, nosotros somos una institución eminentemente técnica y así nos debemos de regir”, concluyó.

BL