Ante las intimidaciones, amenazas y violaciones a la libertad de expresión que sufren los periodistas en el ejercicio de su profesión, los diputados panistas Federico Döring Casar y Sergio Álvarez Mata presentaron ante el Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 6 constitucional para que el Estado garantice, en términos de la ley, el secreto profesional y la cláusula de conciencia a los comunicadores.

En tribuna, Álvarez Mata señaló que la libertad no puede ser constreñida de manera arbitraria por el Estado y no tiene otros límites jurídicos que los impuestos por el interés nacional, por las normas sociales y el bien común, en ese sentido, los medios de comunicación no pueden quedar de lado.

El también integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales i ndicó que el secreto profesional del comunicador se reconoce como el derecho y deber ético de mantener al margen la identidad de sus fuentes, mientras que la cláusula de conciencia garantiza la independencia en el desempeño de su labor, sin que ello implique algún tipo de sanción.

“No es una patente de impunidad porque lo que se protege es la identidad de las fuentes de información y no lo pone a salvo de la difamación o el daño moral que pueden ser sancionados por la legislación civil y penal”, dijo el legislador.

Álvarez Mata aseveró que la violación a las garantías fundamentales de los periodistas por parte de agentes del Ministerio Público han derivado en 35 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), siendo las procuradurías General de la República, del Distrito Federal y de los estados, así como los gobiernos estatales, ayuntamientos y las secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional las autoridades señaladas con mayor frecuencia.

El legislador panista afirmó que la propuesta, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, ayudará a evitar la impunidad, inseguridad jurídica, actos arbitrarios, ineficiencia en la procuración de la justicia y la inobservancia de las disposiciones legales por parte de los servidores públicos.

La iniciativa contempla que el Congreso de la Unión emita, de ser aprobada, la ley reglamentaria que regule los derechos y obligaciones de los periodistas con base en la reforma.

SH