La promoción para el fincamiento de responsabilidades administrativas sancionatorias pasó de 31 en la fiscalización del ejercicio 2003 a 342 en del 2004, lo que representa 11 veces más, es decir, 1100 por ciento, así lo reveló Arturo González de Aragón, auditor superior de la Federación, durante la entrega del Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2004 en la Cámara de Diputados.

Como resultado de la fiscalización superior que se llevó a cabo durante ese año, se determinaron 3 mil 424 observaciones, las que generaron 4 mil 13 acciones promovidas, de las cuales, 949 fueron de carácter correctivo y 3 mil 64 de naturaleza preventiva.

El informe señala que la cuantificación monetaria de las observaciones determinadas por este órgano de fiscalización ascienden a 33 mil 157 millones de pesos, de los cuales 26 mil 404 millones corresponden al Poder Ejecutivo, 61 millones al Poder Legislativo, 13 millones al Poder Judicial y 6 mil 679 millones de pesos de Gobiernos Estatales, Municipales, Distrito Federal y Delegaciones.

El auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón, dijo que los entes fiscalizados cuentan con 45 días hábiles para presentar la información y documentación comprobatoria, necesarias para solventar las observaciones, pues de lo contrario, advirtió, previo análisis de procedencia, se promoverá el fincamiento de las responsabilidades y sanciones resarcitorias o las denuncias de hechos que en cada caso procedan.

Durante el 2004 según el informe, se practicaron 424 auditorias con un impacto económico de 33 mil 770 millones de pesos, de las cuales 44 fueron de desempeño, 312 de regularidad, 52 especiales, 13 de seguimiento y 3 revisiones de situación excepcional.

El informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2004, incluye aspectos importantes como el incremento en el número de auditorías practicadas, al pasar de 338 en el 2003 a 424 durante el 2004, lo que representa un crecimiento del 25 por ciento.

Asimismo, en el Informe se menciona la recuperación de recursos por 20 mil 778 millones de pesos “comprobables”, derivado del proceso de fiscalización que llevó a cabo ese órgano superior, cuyo monto representa 30 veces el presupuesto anual asignado para esa entidad fiscalizadora en los últimos ejercicios.

De los 20 mil 778 millones de pesos, 10 mil 856 corresponden al Fobaproa por créditos irregulares, auditorías Gel, condonaciones, castigos y quebrantos, mil 580 millones de pesos por el reconocimiento del adeudo del Sindicato de PEMEX a favor del organismo, y dos mil 457 millones de pesos que el Fideicomiso Aduanas I devolvió a la Tesorería de la Federación.

El documento de 10 tomos en 23 volúmenes incluye un informe sobre el proceso del rescate bancario que contiene el resultado de las revisiones del Fobaproa-IPAB, producto de los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que limitaron las auditorías practicadas por la ASF.

También, se practicaron revisiones horizontales de políticas públicas y funciones en materia de principales regímenes de jubilaciones y pensiones; operación e impacto financiero de los PIDIREGAS; abasto y distribución de medicamentos en el Sector Salud; y una evaluación integral de los principales procesos y el desempeño de PEMEX, que requirió la ejecución de 36 auditorías.

Arturo González de Aragón adelantó que en “breve” el órgano a su cargo firmará un convenio de colaboración con el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), entendiendo el compromiso que ambas instituciones tiene con la transparencia y rendición de cuentas.

“La ASF seguirá adelante con la convicción y firmeza renovadas para honrar el compromiso adquirido de privilegiar, sobre todas las cosas, el interés de la Nación”, concluyó.

MB/JM