Representantes del Frente Cívico Poblano (FCP) se presentaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, por violar la libertad de expresión de Lydia Cacho y realizar espionaje e intimidación contra esta organización, dicen, por parte del Gobierno Estatal.

En conferencia de prensa, Ricardo González Gutiérrez y Jorge Sosa Pérez, delegados del FCP, acusaron de espionaje al gobierno poblano, al narrar que el 22 de marzo una camioneta con dos personas que trabajan para Alejandro Fernández Soto (secretario del Consejo de Seguridad Pública de Puebla), escuchaban sus conversaciones y tomaban fotografías de los reunidos.

González Gutiérrez y Sosa Pérez argumentaron haber presentado una denuncia por violación al artículo 9 Constitucional, que refiere al derecho de libre reunión y asociación.

Sosa Pérez afirmó que presentaron la demanda de juicio político en el Congreso del estado de Puebla, pero al tener esta instancia mayoría priísta, consideraron imposible que haya un examen transparente del juicio.

Destacaron el apoyo que el FCP ha recibido por parte de las diputadas poblanas Rosa María Avilés (PRD) y Myriam Arabian (PAN), quienes se interesan en el esclarecimiento de los hechos.

Por último, anunciaron que irán a la Cámara de Senadores para presentar un juicio de desaparición de poderes contra Mario Marín, donde se pide su renuncia, la separación de su cargo e inhabilitación en el ejercicio de cualquier cargo público.

AC