Palacio Legislativo de San Lázaro 2 mayo 2006.- (Notilegis). La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados iniciará mañana el análisis de la revisión de la Cuenta Pública 2004, debido a que vence el plazo para que las dependencias federales fiscalizadas presenten sus alegatos sobre las presuntas irregularidades detectadas por la ASF por 33 mil 157 millones de pesos en el 2004.

Así lo informó el secretario de la Comisión, Guillermo Zorrilla Fernández (PRI), quien explicó que mañana la comisión se reunirá con los fiscalizadores de la Auditoría Superior de la Federación, para hacer un análisis de los entes fiscalizados, debido a que en 2004 se practicaron 424 auditorías.

La auditoria involucra a 91 entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 2 órganos autónomos, 6 instituciones públicas de educación superior, 1 fideicomiso privado y las 32 entidades federativas y el Distrito Federal.

Indicó que será hasta el aproximo 24 de mayo cuando el Auditor Superior de la Federación, Arturo González de Aragón comparezca ante diputados, luego de que termine el plazo para que los entes fiscalizados, presenten la documentación para solventar las observaciones.

El diputado federal destacó que en términos de la normatividad aplicable, los entes fiscalizados cuentan con 45 días - a partir del 30 de marzo- para presentar la información y documentación comprobatoria, necesaria para solventar las observaciones, pues de lo contrario previo análisis de procedencia, se promoverá el fincamiento de responsabilidades, las sanciones resarcitorias o las denuncias de hechos que en cada caso procedan.

El documento entregado por el Auditor Superior, Arturo González de Aragón a la Cámara de Diputados, y que será desmenuzado el día de mañana, precisa que un número importante de las áreas de la administración pública federal, requiere de una mejora en la gestión pública toda vez que registran “distintos grados de riesgo”.

Asimismo, prevalecen “falta de transparencia, deficiencias en el cumplimiento de objetivos y metas; inobservancia de principios básicos de contabilidad gubernamental; deficientes sistemas de registro, supervisión, control y rendición de cuentas”

De igual manera, imperan marcos jurídicos inadecuados lo que provoca que la cuestión pública no cumpla la forma adecuada con su responsabilidad en el manejo transparente de los recursos públicos.

Por Manuel Bello/Agencia de Noticias Legislativas