Palacio Legislativo de San Lázaro, martes 2 de mayo de 2006. (Notilegis). Aun cuando en la fiscalización de la Cuenta Pública de 2004 se establece que en las operaciones de subasta de cartera del Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se pagaron con un cheque personal de Jorge Alberto Bribiesca y otro que correspondía a sociedades mercantiles distintas, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no realizó ninguna observación.

Así lo afirmó, en conferencia de prensa, el presidente de la Comisión Especial que Investiga a la Empresa Construcciones Prácticas, Jesús González Schmal (Convergencia), quien insistió en que la ASF encubre a los hermanos Bribiesca Sahagún por lo que podrían citar a comparecer al auditor, Arturo González de Aragón.

“No nos podemos hacer cómplices de intenciones encubiertas o no explícitas del Auditor Superior de la Federación, ignoramos por qué llega a estos extremos, pero en caso necesario lo incluiríamos en nuestras investigaciones”, expresó.

El diputado explicó que el pago de Jorge Alberto Bribiesca Sahagún, mediante un cheque, para adquirir cartera del IPAB no es una conducta atípica, sino un operativo para conseguir beneficios con el aval de la Auditoría Superior de la Federación.

“El secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, dijo que era un caso atípico, que no correspondía a una ilicitud, sino a una excepcionalidad en el trámite del pago de las subastas de los remates que hace el IPAB. Evidentemente, no es inocente ni somos ingenuos en valorar que un cheque personal de un Bribiesca Sahagún, antes de que se realizara la subasta, para aportar la tercera parte del precio fijado, no pretendía beneficiar a alguien relacionado con la Presidencia de la República”, señaló.

González Schmal subrayó que Romero Ramos, a través del órgano de control interno, no se percató de la irregularidad, la cual estuvo avalada por la Auditoría Superior de la Federación.

Detalló que existe un segundo cheque, vinculado a la empresa Inmobiliaria Kilate, con el objetivo, también, de beneficiar a los hijos de Marta Sahagún, y en el que habría el delito adicional de falsificación y uso de documentos falsos.

“Si no encontramos apoyo de la Auditoría Superior de la Federación, que es un órgano autónomo que rinde cuentas a la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados, se nos plantea un problema mucho más grave. Una vez que hablemos con el auditor sabremos si el asunto tiene tal trascendencia que tengamos que recurrir a otras instancias, e incluso a que la Cámara también reclame este tipo de conductas”, aseveró.

Afirmó que la PGR tiene que investigar a fondo el asunto con los elementos que la comisión ha aportado, ya que nos “preocupa que, con todas estas evidencias, el auditor diga que hasta ahora no han encontrado nada”.

“Aquí hay, por lo menos, una irresponsabilidad seria, que nos tendrá que llevar a dudar de la pulcritud de la actuación de la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública. De esta última, no tenemos duda, está jugando del lado del Presidente de la República y queriendo ganar tiempo a favor de este asunto”, refirió.

El diputado indicó que Ley del IPAB prohíbe que las subastas sean adquiridas por quienes hubiesen contribuido a algún quebranto del sistema financiero mexicano y que, indicó, fue el que dio origen al instituto.

“El instituto tenía la obligación de probar que el postor a la subasta fuera una gente con solvencia económica y moral. Las subastas no pueden entregarse a cualquier persona que llegue a quererla adquirir si no cumple determinados requisitos”, acotó.

Por último, informó que este miércoles o jueves ampliarán las denuncias interpuestas en la Procuraduría General de la República y en caso de que se registren irregularidades podrían citar a comparecer a su titular, Daniel Cabeza de Vaca.

SH