Palacio Legislativo de San Lázaro 4 mayo 2006.- (Notilegis). De manera unánime, diputados federales de los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, condenaron los hechos violentos en San Salvador Atenco, Estado de México, situación que genera inestabilidad política, de cara al proceso electoral del 2 de julio.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Marcela González Salas y Petricioli lamentó que se pierda la capacidad política de resolver los problemas y tal parece que la única capacidad es la violencia. “La sangre no puede llegar de ninguna parte del país por incapacidades de llegar al diálogo y la política”.

Consideró que el gobierno federal y del Estado de México tienen que poner más de su parte y actuar conforme a derecho, con respeto a los derechos humanos sin venir a la violencia y el enfrentamiento, dijo González Salas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jorge Uscanga Escobar (PRI) dijo que las declaraciones agresivas de los dirigentes de Atenco denotaron la prepotencia y ánimo de confrontación con las autoridades municipal, estatal y federal. “El gobierno federal, lejos de hacer cumplir la ley, la negocio y ahí están las consecuencias”, dijo.

Al respecto, el diputado Pablo Alejo López Núñez (PAN), consideró que los agentes de la Policía Federal Preventiva y locales, fueron rebasados por los habitantes de ese poblado. A pesar de lo anterior, el panista negó que al Gobierno Federal se le haya salido de control dicha situación al no entablar un dialogo.

A pregunta expresa sobre si es responsable el gobierno estatal de lo ocurrido, el también integrante de la Comisión de Gobernación se abstuvo de opinar y dijo que eso es asunto de las “autoridades investigadoras”. Afirmó que los recientes hechos ponen el peligro la gobernabilidad del país y el proceso electoral del 2 de julio.

Los legisladores del PRI y PAN consideraron como preocupante los incidentes registrados y se pronunciaron a favor de que se imponga “por la fuerza” el Estado de Derecho, a fin de evitar hechos sangrientos como los ocurridos ayer.

Por otra parte, diputados del PRI, PRD y PVEM pidieron al Procurador del Estado de México, Abel Villicaña Estrada demostrar que los enfrentamientos en San Salvador Atenco, formaron parte de una acción orquestada.

La diputada Eliana García Laguna (PRD) y Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) pidieron al Procurador del Estado, demuestre que había una acción orquestada y en caso de ser así “se sancione a los responsables”.

La legisladora consideró que existe un descontento social y señaló que lo ocurrido ayer es una clara muestra de que hay “una olla express”.

Afirmó que la ingobernabilidad en la República “se ha dado desde hace ya algún tiempo y consideró que ha existido incapacidad de interlocución política con los diversos sectores de la sociedad.

Al respecto, el diputado Guillermo Velasco Rodríguez (PVEM) se dijo sorprendido de lo ocurrido, pues “un problema de mover a algunos metros a unos comerciantes haya desencadenado tremenda movilización y agresión en contra de las fuerzas públicas”.

Dijo que los habitantes de Atenco no son así, y aseguró que existe un grupo minoritario en ese municipio que está impulsando la violencia y que buscan generar inestabilidad política de cara al proceso electoral del 2 de julio.

En su oportunidad, el diputado Jesús González Schmal (Convergencia) dijo que la violencia en San Salvador Atenco, es producto de una “política torpe e inepta” por parte del Gobierno Federal para resolver los problemas sociales.

Reconoció que desde la “fallida” construcción del nuevo Aeropuerto Internacional en ese municipio en el año 2001, subyacen rencores y ofensas en esa población, y señaló que cualquier suceso es motivo suficiente para la detonación de la violencia social.

“No justificó a los pobladores de Atenco en los hechos de ayer, sin embargo, no podemos dejar de tomar en cuenta la forma de actuar de los policías estatales, quienes hicieron gala de su impericia y primitivismo”, apuntó.

Legisladores de oposición lamentaron que el gobierno federal a tan sólo unos días de que concluya su administración, actúe con mano dura contra los pobladores de ese municipio.

Finalmente, solicitaron se investiguen estos hechos a fondo, de tal manera que los responsables reciban la sanción prevista en la ley.

MB