Palacio Legislativo de San Lázaro, 4 de mayo de 2006. (Notilegis).- Urgen a México las reformas estructurales, de lo contrario se desaprovecharán oportunidades potenciales para generar empleo y habría riesgo de estabilidad financiera, afirmó el diputado del PAN, Gustavo Madero Muñoz, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados.

“De no concertarse estas reformas, nuestro país tendría dos costos: ausencia de oportunidades en el aprovechamiento del potencial para generar empleos y riesgo en la estabilidad financiera, que se puede agravar con el problema de las pensiones”, aseveró.

En este tema, Madero Muñoz subrayó que actualmente existen “buenos” indicadores, sin embargo, advirtió que “el problema de las pensiones va creciendo como un cáncer que no tiene síntomas externos, pero que debilita de manera fundamental las finanzas públicas”.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, agregó que la competitividad es vital y que la falta de reformas provocó que se perdiera terreno en ese ámbito en los últimos 17 años.

“Éramos la onceava economía del mundo, actualmente ocupamos el catorceavo lugar; no porque hayamos decrecido, sino porque otros países han crecido más que nosotros por la falta de competitividad y reformas”, subrayó

Madero Muñoz indicó que la sociedad debe exigir a los partidos políticos que antes de las elecciones del 2 de julio se comprometan a impulsar las citadas reformas y, de esta manera, convocar a un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados.

Los legisladores se enfrentan a un problema para agilizar el trabajo legislativo, cabe recordar que el 26 de octubre de 2004, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Chuayffet Chemor, presentó una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Constitución a fin de crear mecanismos que impidieran el “inmovilismo legislativo” en la formulación de dictámenes, como en la promulgación y publicación de la ley.
Las reformas proponen modernizar y redistribuir las actividades del Congreso y con ello disponer de más tiempo para el debate en el Pleno Parlamentario; dotar de mayores facultades a las comisiones para garantizar que las tareas que realicen los legisladores no puedan ser cuestionadas en su constitucionalidad; establece la obligatoriedad de dictaminar las iniciativas en un plazo determinado a efecto de dar certeza en las distintas etapas del procedimiento legislativo.
Asimismo, considera la aplicación de sanciones a los legisladores que incurran en inasistencias injustificadas, tanto en el Pleno, como a las sesiones de las comisiones ordinarias.
La iniciativa fue avalada por la mayoría de los diputados y se turnó al Senado de la República en donde, hasta el momento, continúa sin aprobarse.
Berenice López Gómez/ Agencia de Noticias Legislativas