Palacio Legislativo de San Lázaro, 9 de mayo de 2006.- (Notilegis) Los diputados Jesús González Schmal (Convergencia), Sofía Castro Ríos (PRI) y Martha Lucía Micher (PRD) presentarán hoy ante la Procuraduría General de la República (PGR), una ampliación de denuncia contra de los hermanos Bribiesca Sahagún por el delito de acto simulado.

“Hay un delito de acto simulado, de una subasta dirigida y lo probamos porque Manuel Bribiesca Sahagún es miembro del comité de administración del fideicomiso que lo adquiere y el único que tiene un voto de calidad respecto a los otros miembros en la operación inmobiliaria donde compran originalmente este predio”, explicó el diputado González Schmal.

Añadiéndose a los delitos de tráfico de influencias y fraude, Jesús González Schmal, presidente de la Comisión que investiga los contratos de la empresa Construcciones Prácticas, afirmó que la ampliación se debe a la comprobación de que la subasta en que fue beneficiada la empresa Construcciones Prácticas no fue una subasta hecha conforme a la ley como lo dice el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

“Descubrimos que uno de los predios que fueron objeto de esta subasta, El Calvario, ubicado en Celaya, había sido objeto de adjudicación por parte del IPAB ya había sido previamente adquirido por la empresa Construcciones Prácticas desde el tres de junio del 2003”, indicó el diputado.

Sostuvo que el primero de abril del 2004 fue la subasta en donde se les adjudicó, pero un año antes, ya habían adquirido este predio. En él estaban llevando a cabo obras de urbanización y desarrollo además de tener el dominio pleno del inmueble.

El legislador dijo que los hermanos Bribiesca Sahagún recurieron después al IPAB para que les adjudicara los predios, pues había una falta de legitimación en la primer adquisición al comprar un predio que formaba parte de los activos del IPAB y la nación. “Si no legitimaban la adjudicación, el Instituto podía reclamarles después la adquisición de la propiedad”.

Indicó que Alberto Dunand Aramburu se vincula con los Bribiesca porque compra a ellos y a Miguel Khoury la empresa inmobiliaria Kilate, que a su vez adquirió parte de los conjuntos habitacionales subastados a Construcciones Prácticas.

Señaló que la empresa inmobiliaria Kilate obtuvo un crédito para construir una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL) que maneja recursos públicos. “Es curioso que los Bribiesca son avales y deudores solidarios en estas operaciones, por lo que se comprueba que ellos tienen interés en Kilate pese a que aparentemente habían vendido las acciones de esta inmobiliaria”.

El diputado González Schmal expresó que tal crédito estaba destinado para la construcción de viviendas de interés social y es utilizado para el acabado de conjuntos habitacionales en diversos estados de la República sin construir viviendas nuevas. Se desvió la utilización del crédito de origen de recursos públicos.

Por otra parte, el legislador señaló que si en esta semana no se giran los citatorios y se muestra una acción inmediata por parte de la PGR, procederán a citar al procurador Daniel Cabeza de Vaca la próxima semana para que comparezca ante la Comisión. “La PGR debe citar a los Bribiesca Sahagún y a Mario Beauregard Álvarez, secretario ejecutivo del IPAB. Ya no existen pretextos para no citar a los Bribiesca y turnar los hechos a un juez del fuero federal”.

“El Procurador deberá rendir cuentas del por qué de la inobservancia de la Ley de Responsabilidades y de la Ley Orgánica de la PGR. Si no hay una respuesta consistente, el procurador puede incurrir en delitos contra la administración de justicia y de la Ley de Responsabilidades, por lo que podemos requerirlo”, acotó el legislador de Convergencia.

Además denunció que el secretario de la Función Pública Eduardo Romero Ramos les dio a los diputados atole con el dedo. “Trató de decirnos que los órganos de atención internos en el IPAB habían conocido los hechos de los hermanos Bribiesca Sahagún y no les merecían observación alguna. Es inexplicable que el ipab no sirva nisiquiera para detectar estas gravísimas irregularidades contra el patrimonio público”, finalizó.

AC