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Nota N°. 3813 Con dos tercios del pleno, se podría obligar al Ejecutivo Federal a publicar la Ley sobre Narcomenudeo: Diputados

Palacio Legislativo del San Lázaro, 11 de mayo de 2006. (Notilegis). Legisladores del PAN, PRD y PRI en la Cámara de Diputados advirtieron que si las observaciones sobre la Ley de Narcomenudeo del presidente Vicente Fox no están lo suficientemente fundamentadas, reunirán más de dos tercios del total del Pleno (333 diputados), para volverlas a votar y de esta manera obligar al Ejecutivo Federal a que la publique en el Diario Oficial de la Federación.

Entrevistados previo a la inauguración del foro “La Reforma Legal en Materia de Narcomenudeo”, en la Cámara de Diputados, los legisladores se pronunciaron a favor de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para revisar las observaciones.

“Habrá que conocer cuáles serán los argumentos del Ejecutivo para que los podamos analizar a detalle y ver si hay alguna razón específica que permita alguna modificación a la reforma que consideren los diputados. Sin embargo, si no consideramos que hay suficiente sustento al momento de la discusión o de la aprobación, con dos tercios de la Cámara que lo apruebe pues ya pasaría”, dijo el presidente de la Comisión de Salud, José Ángel Córdova Villalobos (PAN).

El diputado reiteró que las reformas a la Ley General de Salud y los Códigos Penal Federal y de Procedimientos Penales se malinterpretaron, ya que uno de sus objetivos más importantes, es dar facultades a los estados y municipios para combatir el narcomenudeo.

Insistió que las reformas no pretendían legalizar las drogas, sino por el contrario, representaba una lucha contra el comercio en pequeño de las drogas y quitar, la causal de impunidad que existe actualmente y que se da en todo el país.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Justicia de Derechos Humanos, Claudia Ruiz Massieu Salinas (PRI), negó de manera rotunda que las reformas legalicen el uso de narcóticos.

“Ha habido una mala información respecto a lo que dice el dictamen. Algunos aspectos torales de la reforma, la intención de dotar a las autoridades locales, darles herramientas para combatir el narcomenudeo, pasaron prácticamente desapercibidas y la ciudadanía no parece haber tenido conocimiento de que eso es lo que se pretendía con la reforma”, explicó.

En su oportunidad, la coordinadora de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública del PRD, Eliana García Laguna adelantó que la próxima semana llegarán las observaciones del Ejecutivo Federal. A pesar de lo anterior, la legisladora hizo un exhortó al presidente Vicente Fox para que publique las reformas que se aprobaron el mes pasado, pues consideró que “todavía está a tiempo”.

“Es importante que se proceda a publicar el decreto y que podamos en un clima de cordialidad entre los distintos poderes de la unión revisar las observaciones y no con un veto virtual, real, eufemísticamente llamado observaciones, porque lo que en realidad se le hizo fue vetar la iniciativa, aunque se le llame eufemísticamente como observaciones y esto dificulta la relación entre le poder legislativo y el poder ejecutivo”, señaló la legisladora.

La diputada se pronunció a favor de un periodo extraordinario de sesiones para atender no sólo las observaciones del Ejecutivo Federal sino también para ver otros “temas de importancia para la construcción de nuestro sistema democrático como sería la reforma en materia de justicia penal”.

Por su parte, John Walsh, representante para los programas sobre Región Andina y las Políticas Antidrogas para la Oficina en Washington, admitió que cuando se difundió que esta ley despenalizaría el consumo de drogas para uso personal, hubo una “reacción prácticamente de histeria” en Estados Unidos, ya que se pensó en que habría una legalización de las drogas, lo cual no es la intención de la reforma.

Explicó que la ley de narcomenudeo es un esfuerzo para proteger la salud pública, promover la seguridad y combatir el narcomenudeo. El representante del organismo no gubernamental expuso que el gobierno de Estados Unidos gasta 15 mil millones de dólares para encarcelar a los vendedores de drogas.

Indicó que la preocupación del gobierno de Estados Unidos se basó en el sentido de que no se podría permitir que ningún país de América Latina apruebe la legalización de la droga. La confusión se creó por la falta de información y difusión.

MB

 
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