Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de mayo 2006.- El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Miguel Angel Yunes Linares, aseguró en relación a la participación de la PFP en los hechos de San Salvador Atenco, que la policía actuó para garantizar el respeto pleno a las leyes y aclaró que sus elementos también están obligados a ajustarse a la ley.

Entrevistado en el marco del foro: “La Reforma Legal en Materia de Narcomenudeo”, el funcionario dijo que la postura del gobierno Federal y del Estado de México ha sido muy clara: “la actuación de las policías en Atenco se sustentó en la ley y se actuó en el ejercicio pleno de una responsabilidad. No es posible, de ninguna manera, que los ciudadanos que respetan el orden jurídico se conviertan en rehenes de pequeños grupos violentos”.

Aclaró que el Estado intervendrá cuantas veces sea necesario para preservar las libertades públicas y evitar que los ciudadanos sean víctimas de la violencia. “Si algún policía de manera individual tuvo una conducta indebida o incurrió en algún ilícito, debe ser castigado”, dijo.

Sin embargó, explicó que pretender juzgar a la policía como institución a partir de una actitud individual, es caer en el juego de quienes quieren frenar la acción de la policía para que los ciudadanos queden en la absoluta indefensión.

El funcionario federal afirmó que hasta el momento no hay ninguna denuncia formal por el delito de violación contra algún elemento de la Policía Federal Preventiva.

Miguel Angel Yunes abundó: “Fueron miles los policías que participaron en el operativo y yo diría que esos miles, prácticamente todos, actuaron conforme a la norma. Lo que no es creíble y que nadie puede sostener, es que se hayan dado violaciones tumultuarias, cuando muchos representantes de los diferentes medios de comunicación estuvieron en el lugar de los hechos, desde antes de que la policía llegara”.

Dijo que no se debe caer en el juego de quienes pretenden frenar a las policías para apoderarse de las libertades de los ciudadanos. “Tampoco se puede caer en el juego de las denuncias anónimas como es el caso del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, un grupo que se ha dedicado a proteger a grupos violentos. Yo creo que es una estrategia de quienes quieren evitar que el Estado cumpla con su responsabilidad de preservar el orden jurídico”.

Yunes Linares aclaró que si existieron violaciones, tendrá que ser el Ministerio Público y la autoridad judicial los que lo determinen. “Lo que no se puede es prejuzgar y calificar que hubo una violación mientras no se presente una denuncia concreta”.

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