Palacio Legislativo de San Lázaro, 12 de mayo de 2006. (Notilegis). Es “lamentable” la falta de disposición del gobierno del Estado de México para que haya transparencia y claridad en la situación legal que enfrentan los detenidos en el Penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, tras los hechos violentos en San Salvador Atenco, afirmó la diputada Eliana García Laguna (PRD), integrante de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos.

Luego de que se le negara una visita al penal de Santiaguito que realizaría la mañana de este viernes acompañada de representantes de los medios de comunicación, bajo el argumento de que el artículo 74 del Reglamento de los Centros de Readaptación del Estado de México no lo autoriza, la diputada perredista, lamentó que no se les permitiera entrevistarse con los internos, “si el gobierno del estado no tiene ninguna circunstancia que pudiera significar ocultar la situación en que se encuentran los detenidos”.

“La libre ejecución de penas privativas y restrictivas de la libertad, del propio estado, establece que se fomentarán las relaciones entre los internos y las personas del exterior; que se podrán autorizar visitas con sus familiares, particulares o terceros para tener la facilidad de que haya un adecuado diálogo y relación; que el director puede autorizar la visita de quienes, teniendo un concreto interés por la obra de resocialización de los internos, demuestren poder útilmente, promover el desarrollo de los contactos entre la comunidad de internos y la sociedad libre”, dijo en entrevista.

García Laguna detalló que la solicitud de la visita la hicieron el lunes pasado, a través de un oficio, e incluso habló vía telefónica directamente a la oficina del gobernador, Enrique Peña Nieto, donde la canalizaron con el secretario General de Gobierno, Humberto Benítez Treviño, con quien, añadió, “íbamos a hacer contacto vía telefónica, pero al final no nos tomó la llamada”.

“El gobierno del estado, luego de que habíamos entendido que no nos estaban impidiendo la visita, nos mandan decir, ya tarde, que no tenemos posibilidades de hacer una visita a los detenidos”, refirió.

Explicó que el objetivo era platicar con los más de 200 detenidos sobre su situación legal y el respeto a sus derechos humanos, sobre todo las mujeres, e indicó que harán una nueva solicitud.

“Nosotros, obviamente, tenemos ese interés. Hemos realizado visitas a otros reclusorios (…) para ir a ver internos, sin que sean nuestros familiares. Hay un interés de conocer cómo están y entablar un contacto”, sostuvo.

García Laguna informó que tienen conocimiento de 150 denuncias de violaciones a los derechos humanos, pese a que el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Miguel Ángel Yunes, señaló que no existe ninguna.
“Es muy fácil decir, como está diciendo Yunes, que no hay denuncias, pero cómo va a haber denuncias si no dejan pasar a las personas con las que podrían tener la posibilidad de gestionar y avanzar en una denuncia. El impedimento que hay para entrar, dificulta la posibilidad de conocer de viva voz, las denuncias que pudieran hacer hombres sobre vejaciones, golpes y maltratos, pero sobre todo las de mujeres”, acotó.

Por ello, adelantó, buscarán una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes Fernández, para conocer las denuncias, su alcance y determinar cuáles son los actos vejatorios denunciados con el objetivo de colaborar y dar seguimiento a la defensa legal que harán diversos organismos de derechos humanos.

“Resulta sospechoso que nos impidan la entrada al reclusorio, al tiempo que sale a declarar Yunes que no hay denuncias de vejaciones. Por eso queremos entrevistarnos con el presidente de la CNDH para conocer si él tiene acreditadas, en las visitas que realizaron, denuncias y cuáles son”, apuntó.

Por último, señaló que son cinco las mujeres que continúan en proceso penal y que buscarán un acercamiento con ellas para tener, de manera directa, los testimonios sobre las presuntas vejaciones de que fueron objeto.

SH