Palacio Legislativo de San Lázaro, 16 de mayo de 2006. (Notilegis). El Grupo Parlamentario del PRD presentará este miércoles ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dos puntos de acuerdo con el fin de esclarecer el presunto uso de recursos públicos a favor de Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN a la presidencia de la República.

En el primero, solicitará al secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, proporcione la información referente al uso y destino de los tiempos oficiales correspondientes al Ejecutivo Federal ante su presunta utilización a favor de Calderón Hinojosa.

“El Ejecutivo está ocultando información referida a la distribución de los tiempos oficiales que por ley le otorgan los medios de comunicación al Estado y con ello se pretende encubrir la intensa de campaña de proselitismo electoral que realiza la Presidencia desde el 18 de enero pasado”, señala el punto de acuerdo que presentarán los diputados Clara Marina Brugada Molina e Inti Muñoz Santini.
En el texto se destaca que la Secretaría de Hacienda omitió en su Primer Informe sobre la Situación Financiera de la Economía, las Finanzas y la Deuda Pública, enviado a la Cámara de Diputados, los datos correspondientes al primer trimestre de 2006.

“Con la omisión se pretende ocultar el derroche que el presidente Vicente Fox ha realizado con los tiempos oficiales para lanzar mensajes proselitistas a favor del candidato oficial del gobierno”, señala el documento.

Se argumenta que la entrega de la información constituye una obligación legal para el titular del Ejecutivo Federal, los titulares de los poderes Legislativo y Judicial y los organismos constitucionales autónomos, que se deriva del artículo 32 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2006.

El punto de acuerdo establece también un exhorto al titular de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, para que abra una investigación para deslindar las responsabilidades administrativas en que incurrieron los servidores públicos encargados de integrar y enviar la información respectiva.

El segundo punto de acuerdo busca esclarecer la asignación de los contratos otorgados a la empresa Hildebrando, S.A. de C.V., y el uso indebido de información de beneficiarios de programas sociales.

Lo anterior, en virtud de la información publicada en el periódico La Jornada, en donde se señala que a la empresa Hildebrando se le adjudicaron diversos contratos para manejar y referenciar geográficamente los padrones de beneficiarios de programas sociales, durante la administración de Josefina Vázquez Mota, al frente de la Secretaría de Desarrollo Social.

“Los trabajos encomendados al señor Zavala implican la elaboración de una radiografía geográficamente referenciada sobre el perfil económico, social y cultural de todas y cada una de las familias que son beneficiarias de los programas sociales”, subrayan los legisladores.

Por lo anterior, solicitarán al Ejecutivo que informe sobre los controles institucionales, administrativos y legales que existen en cada dependencia de la Administración Pública Federal para prevenir el uso indebido de la información de los beneficiarios.

De igual manera, solicitarán a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Ana Teresa Arana, un informe de los procedimientos administrativos y legales para la asignación de diversos contratos a la empresa Hildebrando, propiedad de Diego Zavala Gómez del Campo, cuñado del candidato del PAN a la presidencia, Felipe Calderón Hinojosa.

Finalmente, exhortarán al titular de la Secretaría de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, para revisar la legalidad de las contrataciones efectuadas por diversas dependencias del Gobierno Federal a la citada empresa.

Brugada y Santini argumentan que la presencia de Josefina Vázquez Mota en la coordinación de campaña del PAN y los contratos otorgados a Zavala Gómez constituyen elementos suficientes para presumir que información oficial de naturaleza reservada está siendo utilizada ilegalmente por el equipo de campaña del candidato oficial de la Presidencia de la República, para manipular electoralmente a los beneficiarios de los programas sociales.

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